Concretamente denuncian el posible aumento de las ratios de atención para cada profesional y el demérito, tanto de los procesos de valoración del grado como de una de las principales herramientas como es el informe social priorizando el número de valoraciones y PIAS resueltos en detrimento de la calidad de las mismas. A esta situación se añaden nuevos cambios en la gestión de las citas a través del 012 y un nuevo aplicativo informático sin periodo previo de formación.
Las preocupaciones expuestas se suman a las que ha venido históricamente sufriendo el servicio en lo relativo a sobrecarga laboral, carencia de recursos y problemas en la coordinación, cobrando ahora especial relevancia ante la inminente aprobación del decreto que regulará el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia. Documento que, pretendiendo reducir la respuesta administrativa, pudiera descuidar otros aspectos fundamentales haciendo peligrar el propio sistema.
A este respecto, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias han venido manteniendo una serie de encuentros con el personal del servicio, así como con la Consejera de Bienestar Social, y la Directora General de Dependencia para abordar esta situación y poner de manifiesto la posición de esta corporación en la defensa de la profesión y de los derechos de la ciudadanía. Por último, solicitan una respuesta inmediata por parte de las administraciones implicadas.