La protesta, convocada por la comisión interasociativa de jueces y fiscales en toda España y apoyada por el Colegio de Abogados de Las Palmas y la Plataforma Ciudadana por una Justicia para todos, es una más de las convocadas por estos colectivos contra las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuya dimisión ha sido solicitada por letrados y funcionarios.
El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, y el juez decano de Las Palmas, Javier García García-Sotoca, han dado lectura al manifiesto elaborado por la comisión interasociativa de jueces y fiscales y han exigido la retirada "inmediata" del proyecto de ley de reforma de la LOPJ por "perjudicar la calidad de la Justicia".
En su manifiesto exigen que se mantenga la actual estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial, que se potencia el Consejo Fiscal, y rechazan cualquier modificación que "mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".
Además, reclaman autonomía presupuestaria para el CGPJ y la Fiscalía General del Estado para garantizar su independencia y eficacia, así como que se incrementen el número de jueces y fiscales para alcanzar la media europea, entre otras reivindicaciones.
El juez decano de Las Palmas, en declaraciones a los periodistas, ha rechazado que la protesta de los jueces contra la reforma responda a una postura "corporativista" como ha manifestado el ministro de Justicia, algo que atribuyen al desconocimiento o a una equivocación.
Ni los jueces ni los fiscales son una "corporación, sino poderes del Estado", ha afirmado García, quien además ha querido aclarar en cuanto a la Ley de Tasas que los jueces defienden su pago, pero con un sentido pedagógico y no para impedir el acceso a la Justicia, y que se apliquen al concluir el procedimiento y no antes.
García ha dicho que la reforma que precisa la Justicia requiere de la dotación de medios personales y materiales por las cargas de trabajo existentes, "inasumibles" con los medios y estructuras del siglo XIX de los que disponen, y con sistemas informáticos sin conexiones que ha calificado de "tercermundistas".
La plataforma ciudadana también ha hecho lectura de un manifiesto en el que pedía una "Justicia para todos" y "accesible, transparente y responsable", mientras que el colectivo de abogados de oficio han expresado su rechazo a las nuevas tasas judiciales y al anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita.
