El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha hecho acto de presencia este miércoles en la manifestación en apoyo al sector que ha tenido lugar en Madrid.
Si bien es cierto que el citado Reglamento obliga a los Estados a recabar los datos sobre el uso de antibióticos en animales (que España ha decidido recoger a través de los veterinarios, estableciendo en el referido RD 666/2023 la obligación de notificar cada prescripción a través del sistema informático PRESVET), PACMA denuncia que se hayan incluido las prescripciones a los animales de compañía, cuando el Reglamento Europeo los excluye.
"La UE está preocupada por la resistencia a los antimicrobianos, que se ha convertido en un problema de salud mundial tras décadas del uso rutinario de antibióticos, con fines profilácticos y metafilácticos, por la industria ganadera, pero este abuso no se estaba produciendo en los animales de compañía, por lo que en el Reglamento, lógicamente, los excluye a la hora de establecer la obligación de recabar dicha información", explica la formación política.
Un decreto que está costando vidas animales
Aún más problemático es que el RD 666/2023 exige, además, la realización de pruebas de identificación de patógenos y de sensibilidad al antibiótico, para la administración de aquellos categorizados por la Agencia Europea de Medicamentos como "restringidos".
PACMA señala, sin embargo, que la normativa europea, por un lado, es clara al establecer que no es necesario esperar a los resultados de dichas pruebas para administrar el antibiótico que el veterinario considere más oportuno y, por otro, que estas pruebas no son necesarias cuando el antibiótico está contenido en un medicamento autorizado en la UE: "La imposición establecida por el RD 666/2023, de realizar estas pruebas en todos los casos, no es coherente, es desproporcionada, no está justificada y está costando la vida de animales, por lo que hemos solicitado que sea adaptada, de manera urgente, a lo que establece la legislación europea".
Otra de las problemáticas generadas por el Real Decreto es que, para la administración de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción, exige la identificación de los animales y sus responsables, "Un gran problema para el tratamiento de animales que muchas veces no están identificados, como gatos comunitarios o animales abandonados. Significativamente -señalan desde PACMA-, la regulación prevista por el Reglamento Europeo no impide el tratamiento de estos animales, puesto que, al contrario que el RD 666/2023, no exige la identificación cuando el medicamento es administrado por el veterinario".
En su escrito, el Partido Animalista insiste, además, en la necesidad de reducir el IVA que grava los servicios veterinarios del 21% al tipo superreducido del 4%: "Resulta una incoherencia y una hipocresía absolutas aprobar normas como el RD 666/2023 para garantizar, según su preámbulo, "el más alto nivel de protección de la sanidad animal" cuándo, al mismo tiempo, se está gravando esa sanidad como si fuera un lujo, inaccesible para muchas familias.", sentencian.
