"La acumulación de hechos graves que han salido recientemente a la luz revela una situación insostenible que afecta tanto a la calidad de los servicios como a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La falta de planificación, descoordinacio n y sensacio n de abandono institucional, afectan a todas las a reas sociales del Gobierno de Canarias."
"Continuamos denunciando y alertando del colapso en las valoraciones de discapacidad, dependencia, Renta Canaria de Ciudadanía, y la deficiente gestión de otras prestaciones como las 'tarjetas monedero', siendo el Ejecutivo canario responsable de la situación. Así mismo, nos mostramos expectantes ante la inminente entrada en vigor del pole mico decreto de valoracio n de la Dependencia el pro ximo 26 de mayo y sobre el que nos pronunciaremos en los pro ximos días."
"Lejos de tratarse de un problema te cnico o puntual, los colegios profesionales consideran que estamos ante una crisis estructural de gestio n polí tica que afecta a derechos ba sicos de miles de personas en situacio n de vulnerabilidad y que pasa por la falta de dotacio n de personal desde hace an os que este gobierno quiere enmascarar."
"Los problemas no están en los equipos técnicos, sino en la gestión política y organizativa del Gobierno de Canarias. Las profesionales están sosteniendo el sistema a pesar de la sobrecarga y la descoordinación. El deterioro es responsabilidad del Ejecutivo, no de quienes lo están denunciando desde dentro", han afirmado desde ambas entidades.
"Así mismo, ante la creciente externalización de servicios, denuncian: "las debilidades estructurales deben resolverse desde lo público, no con soluciones externalizadas que agravan la desigualdad y ponen en peligro la calidad e imparcialidad del Sistema."
"Los servicios sociales no pueden gestionarse bajo lógicas de opacidad o presión política. Están para garantizar derechos, no para fabricar estadísticas. Quienes trabajamos cada día por y con las personas, especialmente las más vulnerables, no podemos seguir siendo cómplices silenciosos."
"Los Colegios Oficiales de Trabajo Social afirman que iniciarán una ronda de consultas y un seguimiento riguroso y constante de la situación, manteniéndose vigilantes y recogiendo el malestar creciente de los y las profesionales y promoviendo cuantas acciones sean necesarias para denunciar públicamente la discriminación y vulneración de los derechos sociales de la ciudadanía."
"Como colegios profesionales, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la defensa del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Nos posicionamos ante una gestión que pone en riesgo los derechos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y precariza a quienes trabajamos por su atención."
"El Gobierno debe rectificar, escuchar y actuar."