La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado que estos fondos "están destinados a favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 0 a 16 años a cargo y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres salvando la brecha de género. El objetivo es mejorar la cartera de servicios municipales que favorecen dicha conciliación para tener una sociedad más justa e igualitaria".
El objeto del Plan Corresponsables es afianzar una Red Municipal de Cuidados Corresponsables y aumentar la cartera de servicios disponibles tanto en domicilios como en espacios públicos y privados dotados para ello. De esta forma, los ayuntamientos podrán contratar a personas en algunas de las categorías profesionales previamente establecidas por el Ministerio de Igualdad y que son la siguientes: Titulación Técnica Superior en Educación Infantil, Animación Sociocultural y Turística, Enseñanza y Animación Socio-Deportiva, Integración social, Titulación en Monitorado de Ocio y Tiempo Libre, Auxiliar en Educación Infantil o Jardín de Infancia, y otros perfiles de cuidado adecuados para el desarrollo de las actividades de conciliación corresponsable.
El total de fondos ronda los siete millones de euros que benefician a 77 consistorios de Canarias. A esa cantidad hay que añadir una aportación de dos millones de euros, aproximadamente, que realiza el Gobierno de Canarias en programas de conciliación familiar.
Además de favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de 0 a 16 años inclusive, desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres y crear empleo de calidad en el sector de los cuidados. Asimismo, se trata de visibilizar, dignificar y acreditar la experiencia profesional de cuidado no formal e impulsar un proceso de sensibilización y reconocimiento del cuidado, no sólo como una responsabilidad compartida, sino como un valor en sí mismo de construcción humana y, por ello, de aceptación de nuestra interdependencia y fragilidad como fortaleza y pilar básico de un modelo sociocultural que sitúa la sostenibilidad de la vida y, por tanto, a las personas en el centro. Finalmente, trata de evaluar el impacto para la mejora de la implementación de las políticas públicas.
