Así se recoge en el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, que regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. La normativa introduce, en su artículo 61, la novedad de que la gestión de las viviendas no se haga solo por la Administración, o a través de ella, sino mediante un profesional externo: un administrador de fincas colegiado.
"A fin de garantizar la adecuada administración y conservación de las viviendas de promoción pública titularidad del Instituto Canario de la Vivienda", el Icavi podrá encargar la gestión a un administrador de fincas colegiado que actúe en su nombre o ser los arrendatarios que integran la Junta quienes contraten a este profesional para la función de secretaría-administración. Y también se contempla la opción de que pueda intervenir como apoyo técnico o gestor profesional.
Las Juntas Administradoras son órganos de gestión que pueden constituir los arrendatarios de viviendas protegidas en tanto que, como inquilinos, no pueden conformar una comunidad de propietarios.
Si bien, y así se señala en el Decreto, en los casos en que en una misma promoción coexistan inmuebles adjudicados en régimen de alquiler con otros de régimen de propiedad, los adjudicatarios en alquiler asistirán a las reuniones de la comunidad de propietarios en representación del Icavi para la adopción de acuerdos.
Satisfacción para el colectivo
Anteriormente, el Instituto Canario de la Vivienda había contado con los administradores de fincas, mediante acuerdos con los dos colegios profesionales canarios en una especie de "turno de oficio" como apoyo en la gestión de las comunidades de su titularidad.
Luis García, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y a su vez del Consejo Canario que conforman los dos colegios provinciales, se muestra enormemente satisfecho por la forma en que han fructificado las conversaciones con el Icavi para incorporar a los profesionales a esta gestión, tan necesaria para el mantenimiento del parque público de viviendas. Una colaboración que no es nueva, pero que se consolida al citar expresamente al administrador de fincas en el Decreto como profesional especializado.
Por otra parte, considera que es una gran noticia para el colectivo profesional, que conforman cerca de 600 colegiados y colegiadas en Canarias, al que se reconoce como figura clave para la gestión de las viviendas públicas.
La contratación de un administrador de fincas colegiado permite descargar a los adjudicatarios de toda la complejidad de la gestión de un edificio y zonas comunes, y otros asuntos importantes como la accesibilidad, la sostenibilidad y ahorro energético, y la convivencia entre vecinos. "Todo, con la información, la formación, el asesoramiento y respaldo jurídico con el que cuentan los y las colegiadas", subraya Luis García.
Elena Azparren, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas y vicepresidenta del Consejo Canario asegura que este reconocimiento supone un cambio significativo para la profesión, "se equipara la figura del administrador de fincas colegiado a otras titulaciones reconocidas anteriormente en el sector inmobiliario".
Este reconocimiento es verdaderamente importante para la profesión, ya que no se contempla la figura del administrador de fincas, sino específicamente la del administrador de fincas colegiado, reforzando el valor de la colegiación como garantía de formación y profesionalismo, enfatiza Elena Azparren.
Las Juntas Administradoras
Las Juntas Administradoras asumen la organización, gestión, gastos comunes y mantenimiento del edificio en lugar de que lo haga la Administración. Y es aquí donde aparece la figura del secretario/administrador de fincas, que a partir de ahora podrán contratar directamente.
Es interesante conocer la normativa en cuanto a su funcionamiento y obligaciones: pertenencia de los arrendatarios a la Junta, conocimiento de los estatutos (que corresponde aprobar al Icavi), aportación de las cuotas que permitan el sostenimiento de los gastos generales del inmueble, servicios comunes y otras responsabilidades.
Las reuniones de estas juntas y sus correspondientes actas tendrán que notificarse al Icavi, que podrá designar un representante para asistir con voz, pero sin voto.