"En primer lugar, la seguridad es inexistente, no hay controles de seguridad ni vigilancia en los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, las víctimas y los investigados continúan accediendo libremente a las instalaciones, siguen cruzándose en los pasillos y sigue sin haber el más mínimo control de acceso a los juzgados. Las instalaciones se sitúan al final de un pasillo, en un fondo de saco, una esquina del Palacio de Justicia al que se acceso libremente y sin que los funcionarios sepan quien o quienes pueden estar circulando por los pasillos de acceso con el evidente riesgo de que los investigados y las víctimas se encuentren con el consecuente riesgo para la integridad y la tranquilidad de las víctimas. Debiendo ser los propios funcionarios los que realicen funciones de vigilante de seguridad, controlando los accesos, tratando de evitar que víctimas e investigados se encuentren, controlando que no se produzcan altercados, que los familiares o acompañantes de las víctimas y los investigados no discutan entre sí, que los investigados no entren en las dependencias cuando se está tomando declaración a la víctima, etc. funciones que evidentemente no les corresponden, con el subsiguiente riesgo para todos."
"En segundo lugar, la privacidad de las víctimas es una auténtica entelequia, no existen salas donde las víctimas y sus abogados se puedan entrevistar con privacidad, pero lo que es peor, salvo los asuntos más delicados como las agresiones sexuales o los casos que impliquen la declaraciones de mentores de edad, todo el resto de las declaraciones se realizan en la oficina judicial, en las mesas de los funcionarios, con lo que puede darse la circunstancia que puedan estar declarando víctimas de unos procedimientos y investigados de otros al mismo tiempo, sin que se respete la más mínima privacidad de las declaraciones."
"En tercer lugar, los derechos tanto de las víctimas como de los investigados se están conculcando diariamente desde el momento que no existen espacios reservados para las entrevistas privadas con sus letrados y que las declaraciones se toman en la oficina judicial. Para más inri, el acceso a la Plaza 2 de Tribunal de Instancia (Sección Instrucción, Violencia Sobre la Mujer) de Santa Cruz de Tenerife, se realiza desde dentro de las instalaciones de la Plaza 1, por lo que el tráfico de personas no identificadas y de las que se desconoce las razones de su presencia en estos órganos, es decir sin control es constante."
"Por último hay que hablar de la dignidad en el trato a las víctimas, las nuevas y ampliadas salas de espera siguen sin contar con los servicios mínimos, se ampliaron las salas pero estas no cuentan con baños incorporados, a pesar de que este era un problema de fácil solución al encontrase uno a tan solo unos metros de las salas, pero estos servicios, como todos los de las plantas del palacio de justicia se encuentran cerrados con llave y solo son de acceso a los funcionarios. La integración del baño del antiguo Juzgado Penal n.º 6 de Santa Cruz de Tenerife a la sala de espera de víctimas hubiese sido cuestión de un muy simple planteamiento pero esto no se tuvo en cuenta. Por otro lado, las mejoradas y ampliadas salas de espera siguen sin contar con dispensadores de agua, sin máquina de café y sin ningún elemento que permita que las víctimas puedan permanecer en las mismas con comodidad, debiendo solicitar "permiso" a los funcionarios, para poder abandonar la sala y tomar un café, comprar una botella de agua y conseguir algo de comer."
"Todas estas situaciones se producían antes de la reforma y se siguen produciendo tras "las mejoras", eso sí, lo que sí ha mejorado sustancialmente es la comodidad de las autoridades, con más despachos, más grandes y acondicionados a la "dignidad del puesto". Estando plenamente de acuerdo que se debe respetar la dignidad de los profesionales que prestan servicio en estos órganos no podemos dejar de insistir que lo primero que habría que tener en cuenta es la dignidad del ciudadano y esto es lamentablemente lo último en la lista de prioridades de la Administración de Justicia en Canarias."