En algunos casos, los profesionales afectados han trasladado que se han enterado de que ya no ocupan su puesto al acudir a trabajar y encontrar a otra persona en su consulta o al comprobar que su nombre ha desaparecido de los partes de planificación, sin haber recibido una comunicación oficial previa.
Esta forma de proceder deja a los profesionales en una situación de indefinición sobre su puesto de trabajo y evidencia una gestión que no se ajusta a los principios básicos de una actuación administrativa ordenada y garantista.
Además, la ausencia de una comunicación formal tiene consecuencias directas sobre los trabajadores afectados. Al no existir una notificación oficial de su cese, continúan acudiendo a su puesto de trabajo al entender que su situación laboral no ha sido formalmente modificada, lo que genera un escenario de incertidumbre prolongada y un creciente malestar en los equipos.
La situación actual se enmarca en un conflicto previo que ya fue trasladado a esta institución en 2022 por parte de un colectivo de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria con plaza fija (en propiedad). En aquel momento, más de 120 profesionales constituyeron una plataforma para denunciar la ausencia de un concurso de traslados previo al proceso de estabilización, al considerar que esta circunstancia les impedía mejorar su destino tras años de ejercicio en el sistema sanitario público.
En la actualidad, el grupo de profesionales afectados se sitúa en torno a 90, manteniéndose las preocupaciones sobre el desarrollo del proceso. La incidencia de estas situaciones se está detectando en ambas provincias, con especial presencia en la de Las Palmas.
Esta nueva actuación se suma a la queja ya planteada con anterioridad, que continúa su curso por las vías correspondientes. En este contexto, la Diputación del Común considera necesario poner el foco en la forma en que se están comunicando los ceses, trasladando la urgencia de que se realicen de manera clara, formal y garantista.
Ante estos hechos, la Diputación del Común considera imprescindible que cualquier cese se comunique de forma clara, formal y ordenada, garantizando que las personas afectadas conozcan su situación con certeza y evitando situaciones de desprotección.
Por ello, la institución actuará de oficio para recabar información y mediar ante las administraciones competentes, con el objetivo de que se corrijan estas prácticas y se asegure un procedimiento adecuado en la comunicación de los ceses, en línea con los principios de buena administración.
La Diputación del Común reitera su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía y con el correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en ámbitos esenciales como la sanidad.