Este colectivo de Jueces de Paz critica que se hayan invertido millones de euros en la digitalización del registro Civil para entregar ahora la competencia a notarios y registradores. Éstos podrían cobrar por las certificaciones y los trámites del registro, según denuncian, y aunque básicamente la inscripción del nacimiento y de la defunción seguirán siendo gratuitos, a tenor de lo que dicen las fuentes del ministerio de justicia, queda en el aire si por otras gestiones como la inscripción de matrimonios, divorcios, petición de nacionalidad o cambio de apellidos, el Gobierno fijará el pago de una tarifa. Igual sucedería con los matrimonios civiles que se celebrarían ante notario.
Por último, los representantes de AJUPASTE creen que de aplicarse la nueva normativa, quienes realmente saldrían perjudicados serían los ciudadanos, pues:
-Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por los mismos servicios gratuitos que hasta ahora han venido disfrutando en los Registros Civiles.
-Las gestiones que se tengan que resolver en el Registro de la Propiedad o ante notario supondrán un desplazamiento fuera del municipio, lo que conllevará tener que emplear más tiempo con el consiguiente encarecimiento.
De consumarse esta iniciativa, tal vez se estén dando los pasos para que, poco a poco, los Juzgados de Paz y Registros Civiles desaparezcan del organigrama judicial, lo que repercutiría muy negativamente en la identidad de los pueblos, porque estos órganos judiciales realizan unas funciones muy cercanas a los vecinos y son una parte importante de las instituciones locales.
