De momento, la Plataforma ha conseguido que la diputada de CC Ana Oramas presente una enmienda para que los poblados con sentencia firme de derribo no sean desalojados hasta que los ayuntamientos respectivos garanticen la reubicación de las personas afectadas.
El objetivo que se plantea la Plataforma en la reforma legal es impedir desalojos y derribos, que los expedientes en marcha se suspendan y que se evite que cualquier pueblo costero canario se vea afectado, como ha pasado con la isla de Formentera y con núcleos de Galicia y Andalucía.
Otra de las acciones de la Plataforma será promover una iniciativa legislativa popular ante el Parlamento de Canarias para proteger a los poblados costeros, para lo que se necesita el respaldo de 15.000 firmas.
El presidente de la Plataforma dijo que esta organización ha contactado con las instituciones locales, insulares y autonómicas y prácticamente todos han dado una respuesta positiva ante sus planteamientos.
Anunció que la próxima semana se reunirá con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, para exponerle sus planteamientos.
La Plataforma calcula que 150.000 canarios están afectados por la Ley de Costas vigente y el objetivo es salvar los pueblos costeros -no el chabolismo ni la construcción ilegal, especificó- como parte de la historia, la tradición y el sentimiento canarios.
Animó a los afectados y a todos los canarios a integrarse en la Plataforma, cuyos asociados pagan un euro al mes para cubrir los gastos de funcionamiento, y con el dinero sobrante se va a constituir un fondo de asistencia social para las personas que queden en desamparo por derribos o desalojos.
"Lucharemos hasta el final y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", porque ningún partido ni institución "pone ha puesto pegas a lo que defendemos", subrayó José Luis Langa.