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Santa Cruz de Tenerife/ "Ante los recortes del Gobierno de Canarias no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos no sólo que recuperar a las trabajadoras sociales despedidas, hay que contratar a más y dar más euros en ayudas"
El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz en el Ayuntamiento capitalino, Guillermo Guigou, presenta una moción al Pleno del próximo viernes 22 de febrero, para que el Gobierno municipal se sume a la solicitud que le hace al Gobierno de Canarias: competencias delegadas, con las partidas presupuestarias correspondientes para darle agilidad, eficacia y eficiencia a las prestaciones de emergencia.
El concejal de Ciudadanos recuerda también que el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), firmó hace 6 meses un decreto para que, mediante la reorganización de otras áreas, se dotara a la concejalía de Atención Social del personal suficiente para hacer frente a la solicitud de ayudas con máxima celeridad, pero la propia concejal de Atención Social, Alicia Álvarez, (PSOE) ha reconocido en prensa que el número de personas encargadas de la tramitación de las ayudas de emergencia se ha visto reducido y que se producirán aún más retrasos en las entregas; "por eso también exigimos en nuestra moción que se cumpla ese decreto"
Guigou, considera que concejal de Atención Social, Alicia Álvarez (PSOE), no puede confirmar a la prensa el despido de una veintena de trabajadoras sociales "y quedarse tan ancha". "No puede", insiste Guigou, "porque esas trabajadoras desempeñaban hasta el día 31 del pasado mes de diciembre la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción, una ayuda por definición, urgente para que la gente no se quede sin echarse nada a la boca". Es precisamente lo que les está pasando, al menos, a 400 niños, y sólo si contamos el distrito Suroeste pues los directores de los colegios, "todavía no hemos recibido los datos de todos, han asegurado que 4 centenares de niñas y niños van al colegio sin desayunar lo que está provocando raquitismo", según aseguró el concejal Hilario Rodríguez, del propio Gobierno municipal de CC-PSOE.
Guigou recuerda que durante la tramitación de los presupuestos, además de pedir una reducción de sueldos políticos, presentó otra enmienda que permitiría destinar 200.000 euros, más de 30 millones de las antiguas pesetas, a un programa que se llamaría Desayuno en Casa para los niños en exclusión social del municipio, cuyas familias no tienen ni para ofrecerles "la comida más importante del día, según alertan todos los nutricionistas, alarmados por los desmayos que se producen en los centros escolares". La enmienda fue rechazada por el Gobierno municipal.
"La pérdida de esta veintena de trabajadoras se debe a los infames recortes que el Gobierno de Canarias ha perpetrado", asegura Guigou. "Lejos de aumentar los presupuestos sociales cuando la gente necesita más ayuda, el ejecutivo autonómico ha dejado tirados a todos los municipios lo que supone que Santa Cruz cuente con un 45% de fondos, 180.000 euros menos por lo que, según la propia concejal de Atención Social, sólo dará para contratar la mitad de las trabajadoras sociales con la merma que ello supondrá en los plazos de entrega de ayudas de emergencia". El concejal de Ciudadanos recuerda que los santacruceros y santacruceras esperan más de 6 meses por una ayuda para comer y, ahora, con estos recortes, si se multiplica también por dos al reducir a la mitad, el tiempo de espera es todavía más insultante, sin contar con lo insultante que serán unas ayudas de aún menos euros.
El edil añade que desde Ciudadanos "apoyamos las reivindicaciones del Colegio de Trabajadores Sociales de Tenerife que ha denunciado que ayuntamientos canarios estaban despidiendo a los trabajadores sociales encargados de la gestión de la PCI, y queremos recordar que, según un informe elaborado por Cáritas Diocesana sobre la implantación de la PCI en 2012, es precisamente lo que se tarda en tramitar esta ayuda lo que hace que pierda su eficacia".
Este informe señala que a menudo, los ayuntamientos no logran cumplir con el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, para remitir a la Dirección General de Política Social (DGPS) los expedientes completos.
Entre otros datos destaca que el 7% de los trabajadores sociales municipales tarda más de tres meses en grabar los datos y elaborar el informe social y que el 67% de ellos afirma que tardan entre uno a tres meses en hacer el registro y enviar el informe.
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