La diputada acusa al Ejecutivo central de estar "confundiendo las prioridades y cebándose con los más débiles", por lo que le insta a dar marcha atrás en el recorte presupuestario de casi 300 millones "para no dejar en la cuneta a los miles de dependientes españoles y canarios que necesitan ser atendidos".
La parlamentaria gomera recuerda que esta norma constituye el cuarto pilar del estado del bienestar y garantiza atención y cuidados a las personas que requieran apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria. Tras señalar que su implantación en Canarias "ha sido muy lenta", recuerda que nuestra Comunidad Autónoma "está, según informes de gran relevancia, a la cola en su aplicación y presenta un importante limbo al respecto".
Jerez indica que Canarias cuenta con el 56 por ciento de los demandantes con derecho reconocido oficialmente a recibir atención de dependencia, pero sin que éste se haga efectivo, de tal forma que son más de 10.000 personas las que permanecen a la espera de que las ayudas se hagan efectivas, según los datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
"Por tanto, si antes estábamos mal en Canarias en su aplicación, ahora estaremos peor, ya que el recorte estatal de 283 millones de euros supone para Canarias una reducción de unos ocho millones, por lo que las Islas lo va a tener bastante complicado para mantener unos servicios que los usuarios están recibiendo con dinero de la Comunidad Autónoma", expone.
La diputada del PSOE hace hincapié en que la decisión del PP de ejecutar este recorte "afecta a personas de todas las edades que están amparadas por la norma, incluidos menores con problemas de autonomía".
Advierte de que esto supondrá, además, "una caída en cadena, porque la merma en los presupuestos forzará no sólo al Gobierno de Canarias, sino también a los ayuntamientos a efectuar ajustes cuyos perjudicados son los usuarios".
En esta línea, explica que el recorte presupuestario no sólo coloca en el limbo a las personas que se acogen a esta ley, sino que también peligra el empleo de todos aquellos que trabajan con los dependientes y prestando algún tipo de servicio social.
"El PP, que ya ha demostrado cuál es su criterio respecto a la creación de empleo con su reforma laboral, nunca creyó en la Ley de Dependencia, porque siendo Rajoy aún candidato, ya señalaba que no era viable y que se haría lo que se pudiera", critica.
La portavoz de Asuntos Sociales señala que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales "urge a, en vez de dejar morir esta ley, reforzarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado".
Insiste en que la intención del PP de desintegrar el estado del bienestar "pasa por aniquilar también las ayudas a la dependencia, pese a tratarse de una ley básica en nuestra sociedad".
Jerez indica que entre 2009 y 2011, pese a la crisis y a las restricciones presupuestarias, el Gobierno socialista mantuvo los créditos del nivel acordado en 283 millones de euros cada año, "mientras que el PP en su primer presupuesto elimina un nivel de protección por la puerta de atrás".
Por otra parte, considera necesario estudiar los instrumentos que garanticen no sólo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales.
"Por eso es necesaria la adaptación de la normativa acorde con el desarrollo de los derechos ciudadanos en esta materia en el ámbito de todo el Estado", afirma.
Para concluir, subraya que la Ley española de Dependencia "era envidiada por muchos países, pero ahora quiere acabar con ella la tijera incansable del PP".
