Así lo anunció hoy el letrado en una rueda de prensa en la que indicó que en Fuencaliente están afectadas cerca de cuatrocientas personas y hasta ochocientas personas se verán perjudicadas en Igueste de San Andrés de aplicarse la orden judicial. En este último caso, Langa González apuntó a que tras la última sentencia, se va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Por otra parte, Langa González explicó que la última sentencia de la Audiencia Nacional hace referencia a la contradicción que existe en Igueste de San Andrés cuya calificación como terreno no urbanizable no ha sido modificada en los planes generales de ordenación urbana (el último de 1992) cuando esta población es un núcleo urbano consolidado con todos los servicios exigibles.

"Las manifestaciones contenidas en informes del Ayuntamiento y el acuerdo de la Cotmac (este carente de ejecutividad) resultan sorprendentes", asegura la sentencia que a continuación incide sobre la contradicción de que Igueste cuente con los servicios exigibles para que se considere una población urbana consolidada mientras que los planeamientos siguen considerándolo espacio no urbanizable.

Para Langa González esta es una más de las contradicciones y discriminaciones que se hacen con la Ley de Costas tal como está en la actualidad, y que se evitarían con la nueva normativa que derogaría la retroactividad de la Ley, entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, el letrado recuerda que para evitar estas injusticias Costas debería estar gestionado por la propia autonomía y por personas que conozcan la realidad exacta y no sobre un papel.

Respecto a Fuencaliente, Langa González pide que todas las instituciones implicadas se reúnan y eviten que se ejecute una sentencia que dejaría en la calle a decenas de familias y que además "acaba con la tradición, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo", pues, matiza Langa, "a esta sentencia pueden seguir otras muchas y, según nuestras estimaciones, más de 150.000 personas en Canarias podrían verse afectadas".

"Yo pido, una vez más, que se unan todas las instituciones de Canarias y los afectados y se busquen soluciones adecuadas, y en cualquier caso desde la asociación que represento vamos a seguir pidiendo justicia, pues esta es una causa por la que merece la pena luchar", aclaró el representante de los afectados por la Ley de Costas en Canarias.