Este convenio fue presentado hoy por el propio alcalde junto a la séptima teniente de alcalde y concejal del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Alicia Álvarez, y la edil responsable de Viviendas Municipales, Ángela Mena. Su objetivo es establecer la colaboración necesaria para la puesta a disposición de una parte del parque de viviendas protegidas propiedad del IMAS, ubicadas en el término municipal, para el desarrollo de una bolsa de vivienda en alquiler, integrada por 66 viviendas.
La superficie útil media de las viviendas es de 68,59 m2 y todas ellas disponen de una plaza de garaje y trastero. La renta media alcanza los 264,48 euros, importe al que se aplicará una bonificación durante el primera anualidad del 15 por ciento, resultando una renta inicial media de 224,80 euros y una carencia en el pago de la renta de 3 meses. En la segunda anualidad, la bonificación de la renta será del 10 por ciento, resultando una renta media de 238,03 euros.
El alcalde indicó que se trata de un acuerdo "pionero en Canarias y que siempre se habla de la fórmula del alquiler social, pero pasar de las palabras a los hechos no es fácil. Con todo, este es el primer convenio que traemos aquí, pero confiamos en que no sea el último. Ésta es la demostración de que un alquiler social es posible y, con la ayuda de los servicios sociales, está prácticamente asegurado para todas las partes implicadas en el mismo".
El Consistorio seleccionará a los arrendatarios, entre las personas físicas empadronadas y residentes en Santa Cruz que se encuentren inscritas en el Registro Público de demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y que, a su vez, fueran usuarios de los Servicios Sociales municipales.
Mena, por su parte, explicó que con la puesta en marcha de esta bolsa "se culmina un trabajo coordinado que se inició en Navidad y que ahora empieza a dar sus frutos. Estamos ante un acuerdo sin precedentes con Banif y ha sido posible gracias a la colaboración y sintonía que se ha mantenido entre el IMAS y Viviendas Municipales. Sus destinatarios serán aquellas familias que tengan ingresos mínimos y su duración podrá ser de tres años prorrogables. Estimamos que, tras la aplicación del 15% de descuento, se quedaría en algo más de 200 euros y ahora será el IMAS quien sea el garante de la solvencia de los inquilinos con la concesión de las ayudas sociales".
Los beneficiarios tendrán que reunir los requisitos generales y, en su caso, específicos exigidos por la normativa de viviendas de protección oficial y acreditar la percepción de ingresos por parte de la unidad familiar procedentes de rendimientos de trabajo, pensiones, prestaciones por desempleo o cualquier otra percepción pública, así como los de actividades económicas, profesionales y artísticas.
Álvarez, por su parte, subrayó que la iniciativa que se ha presentado "va a posibilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas que más lo necesitan. En este sentido, también esperamos que la prestación de 1.800 euros anuales como máximo que estamos concediendo pueda verse aumentada hasta los 2.400 en las próximas semanas. También me gustaría realizar un llamamiento a otras entidades para que nos ayuden a sacar adelante, tal y como ha hecho ahora Banif, a las personas que más lo necesitan a través de los alquileres sociales".
Procedimiento
A efectos de la determinación de los ingresos, se computarán los de todos los miembros de la unidad familiar. No obstante, para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas del arrendamiento y complementar su capacidad económica, los interesados podrán ser beneficiarios de una prestación económica de asistencia social concedida por el IMAS.
En este sentido, el objetivo de esta iniciativa es ofrecer una solución a las personas que actualmente se encuentran dentro de las listas de espera aprobadas tanto por Viviendas Municipales como por el IMAS.
El fondo aceptará celebrar el contrato de arrendamiento con las personas que, reuniendo los condicionantes y requisitos establecidos en el convenio, sean propuestas por el Ayuntamiento con la finalidad de destinar la vivienda a su domicilio habitual y permanente.
Los contratos de arrendamiento que se celebren entre la propiedad y el arrendatario estarán sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y se formalizarán mediante el correspondiente contrato.
