Santa Cruz de Tenerife/ El primer teniente de alcalde ha solicitado que la servidumbre de protección sea de 20 metros en Igueste, Roque de Las Bodegas, Tachero y Almáciga

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado al Servicio Provincial de Costas la declaración como urbanos de los núcleos de Igueste de San Andrés, Roque de Las Bodegas, Tachero y Almáciga, todos en la zona de Anaga. El primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, dirigió recientemente una carta a este departamento, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que se informa que los técnicos municipales han concluido que los citados asentamientos reúnen todos los requisitos que impone la nueva ley de Costas.

Según lo dispuesto en la ley, ahora Costas debe emitir un informe en el que reconozca a los cuatro núcleos más afectados por la ley de Costas en la capital la reducción a 20 metros del ancho de la zona de servidumbre de protección. La misiva firmada por Martín concluye expresando "la firme voluntad y predisposición de este Ayuntamiento a cooperar en todo cuanto sea posible para la definitiva regularización de la situación jurídica de estos núcleos".

Los informes ahora enviados servirán para que se apliquen las excepciones previstas en la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas. De esta manera, se cumple el compromiso del consistorio de "realizar un esfuerzo para que quienes residen en de Igueste de San Andrés, Roque de las Bodegas, Tachero y Almáciga vean reconocidos sus derechos sobre la propiedad".

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ya reconoció en sendos informes de 2007 que tanto Igueste de San Andrés como Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero contaban con las características de núcleos urbanos consolidados. Los informes municipales también incluyen las referencias a los cuatro núcleos costeros que el planeamiento municipal ha contenido, lo que a juicio del concejal permitiría su inclusión en la vía rápida y una pronta declaración como zonas urbanas.

Martín recuerda que, de considerarse las peticiones del Ayuntamiento y de los vecinos, serán removidas, "de una vez por todas, las cortapisas y trabas legales que actualmente impiden a los propietarios de suelo de dichos asentamientos el libre ejercicio a edificar".

El primer teniente de alcalde incide en que este paso que ahora da el Consistorio "se podría haber salvado si la ley hubiese previsto la excepcionalidad de Canarias". En esa línea, lamenta que "quienes realizaron esta norma no quisieron reconocer las especificidades del Archipiélago, cuando sí lo hacen en el caso de Baleares, con Formentera".

De no aceptarse lo previsto en la carta del Ayuntamiento, todavía quedará la posibilidad de reconocer el carácter urbano de estos núcleos por la otra vía prevista en la ley, aunque de desarrollo más lento. La diferencia entre las dos vías radica en que en la que ahora está trabajando el Consistorio, sólo basta con una solicitud de declaración de la excepcionalidad, aportando un informe en el que se certifique la delimitación o clasificación como suelo urbano. Sin embargo, en la vía lenta habrá que acreditar que estos núcleos contaban en 1988 con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, además de otros requisitos referidos a la clasificación del suelo.