La intervención de Langa González se produce por petición de la familia afectada y, tras una serie de largas gestiones, el abogado recibió ayer, 2 de septiembre, la confirmación por parte de los servicios jurídicos de Visocán, entidad adherida a la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda que dirige Inés Rojas, de que el lanzamiento judicial para el desalojo de la vivienda que los afectados tienen en El Sobradillo quedaba sin efecto.
Langa González ha manifestado su satisfacción por lograr que una mujer que tiene a su cargo cuatro hijos, tres de ellos en edad escolar, y que no recibe en la actualidad ninguna ayuda social, pueda seguir viviendo en la que ha sido su casa en los últimos once años, aunque matiza que "desgraciadamente este no es un caso aislado y, aunque nos alegramos de haber resuelto esta dramática situación, ello pone en evidencia la falta de coordinación que hay actualmente entre la gestión política y la realidad social".
Para el defensor del Ciudadano, órgano vinculado al partido CCN, pero que tiene como objeto defender a todas las personas que puedan estar afectadas por resoluciones políticas injustas, las instituciones públicas deberían "poner más el acento en la realidad de personas que podrían estar en situación de exclusión social, estudiando caso por caso".
El letrado felicita que, en este caso, los servicios jurídicos de Visocán hayan reaccionado a tiempo para no dejar en la calle a esta familia, pero recuerda que ha habido un arduo trabajo para que esto ocurriera y que no es el único caso que está llegando a sus manos de familias amenazadas con desahucios por esta empresa pública.
