La directora resaltó el trabajo que se ha impulsado desde el departamento de Vivienda para adjudicar con agilidad las viviendas sociales recuperadas y asegura que sólo en este año 65 familias en extrema necesidad han accedido a una vivienda por el sistema de adjudicación directa, dentro de la Estrategia Canaria contra la Pobreza.
Sulbey González explica que "uno de los principales ejes de la Estrategia contra la pobreza del Gobierno de Canarias es facilitar el acceso a la vivienda a las familias en exclusión social".
Las familias adjudicatarias de estas viviendas cuentan con muy escasos ingresos económicos, inferiores a 0.5 veces el IPREM (3.700 euros anuales) y con circunstancias sociales adversas añadidas como desahucios, menores en riesgo, discapacidad, situaciones de paro, entre otras. Las familias fueron valoradas conjuntamente por los servicios sociales del municipio donde se ubica la vivienda y los técnicos del Instituto Canario de la Vivienda.
Estas viviendas están incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias, en la fase de rehabilitación de viviendas del parque público para su posterior adjudicación a familias, según lo previsto en el artículo 21.4 del Decreto 138/2007 de 24 de mayo para familias con una situación de perentoria o extrema necesidad.
Además, el coste de los alquileres de las viviendas de promoción pública está subvencionado por el Gobierno de Canarias en un porcentaje que se adapta a las particulares condiciones económicas y familiares de cada familia adjudicataria, llegando a cubrir hasta el 99% de la cuota mensual cuando la situación familiar es muy precaria. Tal como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquiler.
En la actualidad, el Gobierno de Canarias cuenta con 16.500 familias residiendo en una vivienda social en alquiler de las que la mayoría reciben una subvención por lo que pagan de alquiler entre 2 y 90 euros de media, según los ingresos y la vivienda, y según el último informe elaborado por el Defensor del Pueblo es la segunda Comunidad Autónoma de todo el Estado con un mayor número de alquileres sociales.
