Para el defensor del Ciudadano esta iniciativa es encomiable y comparte la opinión del Ejecutivo canario de que la nueva ley afecta a la tutela judicial efectiva, es decir, "es una ley que discrimina entre ricos y pobres y deja sin derecho de justicia a cientos de personas que no pueden pagar dichas tasas, lo que en la práctica supone dejar a estos ciudadanos expuestos a tener que sufrir situaciones injustas sin poder denunciarlas", matiza Langa González.
"El derecho a la justicia es un derecho constitucional del que nadie debe ser privado", indica el defensor del Ciudadano, "de ahí la importancia de presentar un recurso de inconstitucionalidad que, toda vez que está admitido a trámite, ahora esperamos que prospere para que el Gobierno de España dé marcha atrás en esta normativa".
José Luis Langa González recuerda que la figura de Defensor del Ciudadano en Canarias está para ayudar y proteger a las personas que sufren situaciones de injusticia o discriminatorias, y que, en este sentido, "espero que sepan que estamos aquí para servir a quienes ahora la actual ley judicial estatal parece querer dejar a un lado".
