José M. Corrales afirma que solo en Santa Cruz hay más de 5000 viviendas vacías que están en manos de los bancos por ejecuciones hipotecarias, por lo que vamos a exigir al gobierno municipal que luche contra las ejecuciones hipotecarias y contra los desahucios por impago de alquiler. XTF apoya también la propuesta de la PAH para que el gobierno de Paulino Rivero actúe según sus competencias como comunidad autónoma y que actualice la ley de la vivienda canaria para hacer frente a la situación de "emergencia habitacional" que viven las islas.
El concejal de XTF señala que hay que buscar formulas para sancionar a los bancos usureros que "han robado estos pisos con hipotecas abusivas para después comercializarlos con engaño y mentira".
José Manuel Corrales señala que "gracias a la actuación de plataformas como la PAH en 2013 se ha conseguido parar 1.000 desahucios en toda España, recuperar 15 edificios vacíos que estaban en manos de entidades financieras y realojar a 800 personas por vías judiciales e institucionales". Para el concejal de XTF los activistas de la PAH son "verdaderos heroes" del siglo XXI por lo que muestra su apoyo total a la ingente labor que está realizando para parar los desahucios que por desgracia y de forma generalizada se están produciendo en Canarias.
XTF exige que se paralicen inmediatamente los desahucios o desalojos administrativos en viviendas sociales dictados por el Gobierno de Paulino Rivero. José M. Corrales señala que un gobierno que hace esa ruindad a la gente más indefensa demuestra su nula humanidad y sensibilidad social. El concejal de la izquierda plural señala que es ilustrativo que "rescaten a la banca... ¿y a la gente, a los que sufren estos inmorales avisos de desahucios, a ellos, quién les rescata?".
Corrales afirma que es necesario que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se posicionen y decidan si gobiernan para la gente o si, por el contrario, son cómplices del Gobierno central y gobiernan para especuladores y usureros". El objetivo de esta iniciativa de la PAH es que los ayuntamientos adopten un procedimiento legal cuando ya se han intentado todos los mecanismos "amables y amistosos" para ceder las viviendas vacías a la población.
