Significará que la reina y los príncipes tendrán el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, sus ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial.
Concretamente, la intención del Ejecutivo es la de mantener a los aforados que ya contempla la legislación e incluir en esta lista "al rey consorte, al consorte de la reina y al príncipe y su consorte", según ha detallado Ruiz Gallardón.
El rey no precisa aforamiento porque, según establece la Constitución española, su figura "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Gallardón: no es un beneficio para el aforado
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha dicho que para esta nueva ley se ha partido de cero y se han repasado "todas y cada una de las nuevas realidades".
En todo caso, ha aclarado que "el aforamiento no es un privilegio en beneficio del aforado, sino un instrumento para aumentar seguridad jurídica sobre personas que el legislador y la propia Constitución entienden que deben ser objeto de una tutela por razón de las funciones que se le encomiendan".
El Gobierno consideraba una "disfunción" que un ministro estuviera aforado y el príncipe no
Ruiz Gallardón ha reconocido que el Gobierno consideraba una "disfunción" en la estructura del Estado el hecho de que un ministro estuviese aforado y el príncipe no.
"Hay unos aforamientos que están en la propia Constitución, como es el caso del presidente del Gobierno y los miembros del gabinete, de los diputados y los senadores; otros que están en los estatutos de autonomía y los otros aforamientos que existen en España solo pueden estar en la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha añadido.
Tras la modificación de la ley del Poder Judicial que supuso un cambio en la elección y composición del órgano de gobierno de los jueces, el Ejecutivo acomete ahora la parte de la ley orgánica relativa a la estructura de tribunales y audiencias. Lo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es un informe del anteproyecto, así que ha de pasar aún el trámite de consultas.
Tres jueces instruirán cada causa en la Audiencia Nacional
El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pretende que las instrucciones de cualquier causa que realice la Audiencia Nacional sean llevadas a cabo a la vez por tres jueces en lugar de solo por uno, como ocurre ahora en todos los casos.
De esta forma, ya no será solo un juez central de instrucción el que investigaría cada caso de terrorismo, corrupción o delincuencia económica que instruye este tribunal -como por ejemplo, el caso Gürtel, el caso Bárcenas o una causa por terrorismo como la del etarra Bolinaga-, sino que la investigación judicial será llevada a cabo por tres magistrados.
Con esta medida, según ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, se pretende elevar el "umbral de garantías", "diluir la presión sobre el juez único favoreciendo la corresponsabilidad" y "promover la agilización del proceso".
Cambios en el modelo de audiencias y tribunales
La reforma establece cambios en el actual modelo de audiencias y tribunales y las condiciones para la futura modificación de la ley de Planta y Demarcación Judicial, que fijará expresamente, el número de juzgados y su competencia territorial.
La propuesta que hizo la comisión de expertos encargada por el Ejecutivo para la reforma del Poder Judicial recogía la organización de los tribunales y el estatuto de los jueces.
Planteaba además la supresión de la categorías judiciales, la generalización de las oposiciones restringidas y la creación de los tribunales de instancia que abarcarían todos los ordenes jurisdiccionales así como la supresión de los partidos judiciales.
