Según un comunicado, "los trabajadores no entienden el poco respeto que una empresa pública demuestra hacia los puestos de trabajo de sus empleados y se vanagloria de aplicar de la forma más radical la actual reforma laboral".

El comunicado insiste en que "se trata de un ERE preventivo, que se aplica no por pérdidas reales, sino por aquellas que se esperan tener al finalizar el año", es decir, que el Gobierno de Canarias "lanza a los empresarios de las islas el siguiente mensaje: si piensan tener pérdidas al finalizar el año, despidan desde ahora a todos los trabajadores que puedan".

"Los trabajadores consideran que mientras otros gerentes de distintas empresas públicas están tratando de ajustar gastos para mantener los puestos de trabajo, Rafael Castellano se ha limitado a aprovechar la coyuntura económica para hacer una limpieza étnica y quitarse a los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa", aseguran.

Por ello, esperan "que la justicia pueda poner un poco de cordura en toda esta situación y entienden que el primer paso lo ha dado el propio Inem, al considerar irregular toda la tramitación del ERE".