De haberse aprobado esta reforma habría supuesto no sólo el secuestro del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, razón fundamental para oponerse a la misma, sino que además habría incidido en el aumento de los ya importantísimos índices de pobreza en nuestro archipiélago que, en estos momentos se sitúan en el 35.3% de la población y en el 38.2% en el caso de la población infantil, al obligar a las mujeres más pobres a elegir entre un aborto clandestino, con riesgos para su vida y su libertad, o traer al mundo a un bebe que no puede o no desea tener, mientras los sectores sociales más pudientes podrían viajar a Londres o cualquier ciudad extranjera a abortar como ya sucedía en épocas no tan remotas.
Sin embargo, entendemos que esta lucha no ha terminado, en tanto que, el Gobierno pretende seguir con la modificación que obliga a las jóvenes de entre 16 y 17 años a obtener el permiso paterno para realizar un aborto. En este sentido recordamos que la Organización Mundial de la Salud ha considerado que el requisito de la autorización paterna puede desanimar a la mujer de buscar servicios legales y sin riesgos, pudiéndose incrementar el número de abortos clandestinos, con riesgo sobre la salud y la vida echo a la privacidad de las adolescentes.
Por ello animamos al movimiento sindical, político, social y feminista a seguir luchando por la libertad absoluta del derecho a decidir sobre el propio cuerpo también para las jóvenes y adolescentes.