El juez reseña en su auto de prisión que Granados es titular de "algunas de las cuentas" de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales "agravado" y añade que hay indicios de que, a lo largo de su carrera pública, Granados podría haber beneficiado a Marjaliza y otros empresarios, como el imputado José Luis Huerta, en materia de contratación pública y urbanismo.
Velasco apunta que el exconsejero formó parte de una red de tráfico de influencias que utilizó también en beneficio propio, e identifica diversas operaciones inmobiliarias que podrían haber constituido una contraprestación recibida de aquellos empresarios.
Declaración de Granados
Ambos han sido interrogados este viernes por el magistrado en relación a esta trama de corrupción municipal y regional. Granados ha contestado a las preguntas del juez y las fiscales del caso durante dos horas, y ha negado negocios en común con Marjaliza, quien, por su parte, se ha negado a responder al interrogatorio.
Grandos ha negado ante el juez que tuviera relación de negocios con su amigo David Marjaliza
El ex número dos de PP de Madrid ha afirmado durante su testimonio que no tuvo ninguna relación de negocios con su amigo de la infancia David Marjaliza, considerado como uno de los "conseguidores" de la trama de corrupción municipal y regional.
Según han informado fuentes de la defensa, Granados ha reconocido que en 1996, cuando trabajaba en banca de inversión, tenía una cuenta en Suiza con 320.000 euros, que recuperó en el año 2000, cuando le traspasó la cuenta a Marjaliza, quien años después llegó a acumular en ella 1,6 millones.
Además, la defensa ha señalado que Granados ha especificado que no tenía ninguna influencia en la concesión de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y niega haber cobrado comisiones ilegales por ello.
Marjaliza, "cabeza" del entramado empresarial
En relación con David Marjaliza, Velasco señala que es "el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonalizado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas", así como la "cabeza de un amplio entramado empresarial" que funcionaba como "núcleo de una organización criminal" cuya actividad estaba vinculada a "actuaciones administrativas".
El constructor habría usado sus "amplias relaciones" para lograr adjudicaciones irregulares por una comisión
Titular de "algunas de las cuentas" que Suiza está investigando por blanqueo de capitales agravado, Marjaliza se dedicaba a conseguir "promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas" y se habría aprovechado de "sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros". A cambio, recibía "una comisión por su actuación".
El juez también señala que el constructor creó "un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita como la delictiva", al objeto de "evitar el control de las autoridades" y dificultar que los beneficios se identificaran con "las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos".
Adjudicaciones irregulares
Velasco investiga en esta operación una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles" que logró obtener de manera irregular la adjudicación de "numerosos" contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones, según ha señalado el propio magistrado en sus autos.
Granados y Marjaliza solicitaron anoche comparecer ante el juez de guardia para que se revisara su situación y se les pusiera en libertad, peticiones que les fueron denegadas en la madrugada, por lo que se encuentran en situación de detención judicial.
Tanto el exconsejero madrileño como el constructor Marjaliza han asegurado que acudirán ante la Audiencia Nacional y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, por sus supuestas detenciones ilegales.
El magistrado también ha dejado en libertad a los empresarios Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado del Castillo, que tendrán un plazo de diez días para prestar sendas fianzas de 6.000 euros.
Según el auto, ambos habrían mediado en varios pagos de 70.000 euros para lograr la adjudicación a Cofely de un contrato de eficiencia energética por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba, por valor de 39,4 millones de euros.
Otros tres detenidos prestan declaración
Para este viernes está previsto que comparezcan además de Granados y Marjaliza, los últimos tres detenidos en la operación, entre ellos el guardia civil que alertó al expolítico madrileño de que le estaban investigando.
Velasco envió este jueves a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a uno de los supuestos cabecillas y "conseguidor" de contratos públicos de la trama, Alejandro de Pedro Llorca.
La operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, denominada Púnica, se ha saldado con más de 50 detenidos, entre los que figuran, además de Granados y Marjaliza, seis alcaldes de municipios madrileños.
Se trata de los regidores de Parla, José María Fraile -que ha presentado su dimisión-, Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga; Collado Villalba, Agustín Juárez; Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro; Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández del Valle; y Casarrubuelos, Antonio Sánchez Fernández del Valle.
El chivatazo puso en riesgo la investigación
Además, el juez ha dejado en libertad con comparecencias mensuales al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, "responsable de la filtración" que hizo a Granados sobre la instalación de un vídeo de vigilancia en las inmediaciones de la empresa de Marjaliza. Este chivatazo puso "en grave riesgo la investigación" y dificultó "severamente" la marcha de la misma, según el auto.
El agente, según el juez Velasco, también realizó "activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación" a requerimiento del exsecretario general del PP madrileño y de su "amigo" José Luis Caro Vinagre, que fue imputado en 2009 por el supuesto espionaje a miembros del Gobierno madrileño.
Por ello, el juez de la Audiencia Nacional le imputa un delito de revelación de secretos, si bien ha sido puesto en libertad aunque con la obligación comparecer cada quince días ante el juzgado.
