Tenerife/ XTF- Por Tenerife muestra su enorme preocupación ante los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios del segundo trimestre de 2014. Las cifras publicadas por el INE confirman, una vez más, que las medidas tomadas por el PP no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y de vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España.
Con una ley hipotecaria injusta y caduca que desde 2007 hasta hoy ya acumula casi 570.000 ejecuciones hipotecarias, la emergencia habitacional en España lejos de disminuir, sigue aumentando. XTF señala que estas 570.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en los últimos años es un crimen colectivo orquestado desde la banca usurera con la complicidad política.
Según los datos oficiales, durante el segundo trimestre de 2014 se han iniciado 21.178 ejecuciones hipotecarias, un 4,2% más que en el mismo período de 2013. En el caso de los desahucios las cifras son aún más preocupantes: 18.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014, un 3,7% más que en el mismo período del año anterior. De éstos, el 53,2 % fue por alquiler, el 44,2 % por hipotecas y el 4,6 % restante obedecieron a otras causas.
Los datos publicados, como ya hemos denunciado reiteradamente, el estrepitoso fracaso de la Ley 1/2013 aprobada por el Partido Popular y del resto de medidas-parche que la han acompañado. Unas medidas que con sus criterios restrictivos, dejan fuera a la mayoría de gente afectada, para continuar protegiendo los intereses de la banca. Recordamos que, detrás de las grandes cifras, cada ejecución hipotecaria es una familia a la que se le priva de un derecho fundamental como es la vivienda. Una familia condenada al sufrimiento y al endeudamiento de por vida.
XTF sigue denunciando la complicidad del PPSOE y entidades financieras que siguen agarrándose a una normativa hipotecaria caduca, injusta y que viola los derechos fundamentales. Por eso seguimos exigiendo la aprobación de la ILP y sus tres medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y creación de un parque de alquiler social. Además, la penalización de aquellos que mantienen viviendas vacías a pesar de la emergencia habitacional que vive el país, así como la concesión de alquileres sociales a aquellos que recuperan viviendas vacías de bancos rescatados y la SAREB.
