La Unidad de Apoyo podría proponer a la Comisión Permanente cualquier medida o actuación que redunde en la mejora de la respuesta judicial a este tipo de procedimientos, entre ellas:
- Iniciativas dirigidas a garantizar la independencia judicial cuando ésta se pudiera ver amenazada o perturbada en la tramitación y resolución de procedimientos por corrupción.
- Medidas de refuerzo judicial, de personal o de medios materiales en los órganos que lleven este tipo de causas.
- Seguimiento especial de determinados procedimientos por corrupción o de órganos judiciales encargados de su instrucción o enjuiciamiento.
- Propuestas de modificaciones normativas que puedan mejorar la respuesta judicial en las causas por corrupción.
- Puesta en marcha de foros y encuentros de jueces y magistrados que conozcan procedimientos por corrupción para que pongan en común sus experiencias, fijen protocolos de actuación y propongan las medidas y reformas necesarias para que la respuesta judicial en esta materia sea la adecuada.
- Establecimiento de redes de auxilio y formación para jueces que tramiten causas por corrupción
El presidente del TS y del CGPJ ha añadido que, junto a la creación de la UACC, propondrá otra serie de medidas que implican la actuación de los Servicios de Inspección, de Relaciones Internacionales y de Formación del órgano de gobierno de los jueces.
Entre ellas figura la asignación a un grupo de inspectores de la Unidad Penal del Servicio de Inspección del examen de posibles carencias y disfunciones en órganos judiciales que lleven casos de corrupción de modo que se pueda ofrecer apoyo al juez y la elaboración de un protocolo de actuación que permita obtener una información completa y uniforme sobre el funcionamiento de esos Juzgados y Tribunales.
También planteará la designación de un letrado del Servicio de Relaciones Internacionales para que preste el auxilio técnico necesario a los Jueces y Magistrados que deban llevar a cabo diligencias judiciales en materia de corrupción fuera del territorio nacional, con la finalidad de garantizar la mayor eficacia y celeridad de dichas actuaciones.
Por último, procurará que se habiliten programas de formación especializada para jueces y magistrados que conozcan causas por corrupción, tanto en los ámbitos de derecho sustantivo y procesal como en otras áreas de conocimiento necesarias para la instrucción y enjuiciamiento de ese tipo de procedimientos (económico, financiero, contable, etc.), así como en la gestión de procedimientos complejos y macrocausas.
Carlos Lesmes, que espera que todas estas medidas se implementen a lo largo de 2015, ha señalado que la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias desempeña un importante papel y es una clara señal de que la corrupción no se tolera, aunque las medidas represivas no bastan por sí solas para hacer frente a la corrupción de manera eficaz.
En este sentido, el presidente del TS y del CGPJ ha insistido en que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y ha dicho que impulsando ésta en todos los ámbitos de actuación, públicos o privados, la lucha contra la corrupción avanzará decididamente y de manera correlativa y aumentará la confianza de los ciudadanos en nuestro orden político y constitucional.