El expresidente del PP de Castellón decidió la semana pasada no recurrir la decisión de ingreso en prisión y recogió el mandamiento que le daba un plazo de cinco días para entrar en la cárcel -hoy concluía- después de que el Gobierno denegara su petición de indulto el 21 de noviembre.

Fabra acudió el miércoles pasado a la Audiencia Provincial de Castellón a recoger el mandamiento de ejecución de la sentencia de la Sección Primera que le condena por cuatro delitos fiscales tras haber defraudado a la Hacienda Pública 693.000 euros.
Pide una cárcel de Madrid por su familia y por motivos de salud

Fabra ya había expresado su intención de ingresar en una cárcel de la Comunidad de Madrid, ya que su familia y muchas de sus amistades residen aquí.

Además, su decisión habría estado condicionado por el hecho de que el equipo médico que le trasplantó el hígado y que le ha tratado posteriormente también reside en la capital.

Ahora, la única vía judicial abierta que le queda a Fabra es la resolución de un recurso de amparo presentado en septiembre ante el Tribunal Constitucional tras conocer que el Tribunal Supremo había rechazado su recurso.
A la cárcel 11 años después de la denuncia del caso Naranjax

El ingreso en prisión para cumplir una pena de cuatro años cierra el caso contra el exmandatario popular casi once años después de que un empresario le denunciara.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón llegó el 25 de noviembre de 2013, casi una década después de las querellas interpuestas contra él que dieron inicio al proceso y por el que Fabra terminó abandonando todos sus cargos públicos.

En diciembre de 2003, el empresario castellonense y gerente de la empresa de productos fitosanitarios Naranjax, Vicente Vilar, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud y la propiedad industrial, en las que afirmaba que el exmandatario había mediado ante diferentes instituciones públicas para conseguir autorizaciones de los ministerios.

Esas querellas fueron rechazadas, pero la titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón) abrió de oficio en enero de 2004 un nuevo procedimiento, cuya instrucción se prolongaría durante una década, durante la que pasaron por ese juzgado nueve jueces y cuatro fiscales.

A mediados de 2005, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal, que dio lugar a una investigación de las cuentas bancarias y el patrimonio de toda la familia que con el tiempo permitió descubrir que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2004.

En 2008, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Fabra contra la investigación judicial sobre su patrimonio, mientras que en mayo de 2009 el Juzgado de instrucción número 2 de Nules incoó procedimiento contra él por posible falsificación de documentos para obtener autorizaciones comerciales.

A finales de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón denegó que Fabra fuera juzgado por un tribunal, y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 investigados en el juzgado 1 de Nules, por entender que habían prescrito.

No obstante, en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Audiencia Provincial y ordenó reabrir la causa por cinco delitos fiscales. Finalmente, el 2 de octubre de 2013 comenzó en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón el juicio.