El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587.413 euros. Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el fiscal, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma al 50%, y que destinaron a pagar gastos personales.
Al salir del juzgado, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha señalado que sigue "solicitando el sobreseimiento" como ha repetido "mil veces" porque no comparte el criterio de la acusación popular y por lo tanto pide "el archivo para ella" aunque solicita su responsabilidad civil a título lucrativo.
Una responsabilidad civil diferente a la de Urdangarin
"La responsabilidad civil de la infanta no tiene que ver con la responsabilidad civil de Urdangarin, una deriva del delito (Urdangarin) y la otra deriva de su participación a título lucrativo (infanta)", ha detallado el fiscal.
En el caso de Iñaki Urdangarin, "se solicitan penas ajustadas a los delitos graves que supuestamente ha cometido", ha asegurado.
Sobre la extensión del escrito, Horrach ha explicado que se debe a que el caso Nóos "se trata de delitos cometidos en distintas circunscripciones" y necesitaba exponer y realizar un relato de hechos "ajustado y detallado".
"No hay pactos", ha añadido Horrach sobre el hecho de que el escrito no refleja ningún acuerdo con los acusados.
La infanta testificará en el juicio
La infanta testificará en el juicio, del mismo modo que Ana María Tejeiro, la esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, como responsable civil a título lucrativo -figura recogida en el artículo 122 del Código Penal-, al igual que otros nueve responsables civiles más, si el juez incluye esta petición de interrogatorio realizada por el fiscal en el auto de apertura de juicio oral que dictará próximamente.
El fiscal sostiene que Urdangarin creó la empresa Aizoon al 50% con la infanta Cristina en 2003 y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivada de su propia actividad personal. Lo hizo, según Horrach, para aprovecharse de cotizar mediante el impuesto de sociedades, aunque Aizoon no tenía actividad, y para deducir gastos personales.
El fiscal: la infanta no era consciente
El fiscal considera que la presencia de la infanta Cristina en Aizoon no es casual, sino "como cobertura de bloqueo ante cualquier incidencia futura". La infanta "accedió a participar en la sociedad dada la garantía y la confianza que le ofrecían su cónyuge y su asesor fiscal (Miguel Tejeiro), sin ser consciente del objetivo último de su presencia", asegura el acusador público.
Horrach sostiene que Urdangarin defraudó a Hacienda 182.005 euros de IRPF en el ejercicio 2007 y 155.138 en el de 2008, utilizando Aizoon como sociedad pantalla interpuesta. Además, la empresa ingresó 837.638 euros de origen ilícito procedentes de la apropiación de caudales públicos desde el Instituto Nóos.
Las tres cantidades se usaron en gastos de carácter personal y familiar que repercutieron en beneficio de los dos socios, por lo que la responsabilidad de la infanta alcanza un 50% de su suma.
El fiscal considera que la infanta, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, "se benefició" porque Urdangarin los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.
La mujer de Torres, acusada de blanqueo
Horrach pide también el sobreseimiento provisional de la causa para Ana María Tejeiro por inexistencia de indicios racionales de criminalidad, respecto a todos los hechos delictivos excepto el de blanqueo de capitales. Por ese delito pide que sea condenada a 2 años de prisión y a pagar 961.666 euros de multa.
Como responsable civil a título lucrativo, Tejeiro responderá conjunta y solidariamente con Torres hasta la cuantía de 1.144.240 euros.
El fiscal pide también el archivo de la causa por falta de indicios de criminalidad para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa, y su ex director financiero, Gerardo Corral.
Manos Limpias pide 8 años de cárcel para la infanta
El sindicato Manos Limpias ha pedido este martes al juez del caso Nóos, José Castro, que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión.
Con su escrito de conclusiones a la instrucción del caso Nóos, en el que ejerce la acusación popular, el sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del rey sea juzgada junto a su esposo, para quien pide penas que suman 26 años y medio de cárcel por diversos delitos de corrupción.
La letrada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, ha asegurado tras presentar su escrito de acusación en los juzgados de Palma que la infanta "se tendrá que sentar en el banquillo, claro que sí".
En su opinión, el juez instructor no tiene que aplicar en esta causa la llamada doctrina Botín, que limita la posibilidad de que una acusación popular lleve a juicio a un imputado al que no acusen la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, como en este caso.
