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16 Dic

El TS archiva el auto contra Zerolo por haber prescrito

Tenerife/ El Tribunal Supremo ha archivado, por haber prescrito los hechos, la causa en la que estaba implicado el senador de CC y exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, que investigaba posibles irregularidades relacionadas con una recalificación de parcelas en el Valle de Tahodio (Tenerife).

En el auto de archivo, el juez Andrés Martínez Arrieta señala que en esta causa se han investigado dos dádivas, cuya recepción podría haber constituido delito de cohecho, en relación con la recalificación de los terrenos citados. A criterio del instructor, los hechos, anteriores a 2005, han prescrito, por lo que acuerda el sobreseimiento de esta causa, que se incoó en diciembre de 2013.

Así, la única forma de no estimar la prescripción del delito, a juicio del magistrado, sería relacionar la entrega de dichas dádivas con una actuación administrativa constitutiva de delito o un acto injusto relativo al ejercicio del cargo.

El juez centró sus interrogatorios a Zerolo del pasado viernes en esa relación causal entre la hipotética dádiva y un acto administrativo, "sin que de esas declaraciones resulte una mínima acreditación" del asunto, según dice en su auto.

Además, el auto señala que por el momento no ha podido deducirse del interrogario "una mínima acreditación" de la obtención por el parlamentario tres millones de euros ni de la segunda dádiva, consistente en la adquisición por la hermana de Zerolo de una vivienda por un precio inferior en un cincuenta por ciento al del mercado.
Condenado por prevaricación y con más causas abiertas

Esta causa se deriva de las operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares que fueron conocidas a raíz de un documento incautado en el registro de la empresa de bienes filatélicos "Forum".

Zerolo tiene abierta otra causa en el Supremo por el denominado caso de las Teresitas, por el que el alto tribunal pidió su suplicatorio el pasado mes de noviembre al Senado para actuar contra él por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Además, el pasado mes de julio, el alto tribunal condenó a ocho años de inhabilitación al político canario por prevaricación en la concesión de unas obras de rehabilitación.

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