Independientemente de las posiciones defendidas a lo largo del periodo de instrucción por las partes afectadas (fiscalía, abogado defensor y Consorcio) y las alegaciones habidas de la prescripción o no del presunto delito, entiende esta organización sindical la concurrencia de circunstancia que deben hacer modificar la posición del Consorcio y de ese Gobierno insular respecto a los trabajadores implicados en el actual proceso y que pasamos a enumerar:
1º La concurrencia de motivaciones de carácter social en la protesta de los bomberos ocupantes de las instalaciones de Cabildo que, hay que recordar, incluían como parte destacada la carencia de profesionales para solventar debidamente la seguridad ciudadana y labor social que se les encomienda.
2.- La inexistencia, como no podía ser de otra forma, de daño alguno sobre los bienes públicos o la personas durante su llamativa acto de protesta
3.- Se da además la circunstancia de la frecuencia histórica con la que se han repetido este tipo de acciones de protesta, teniendo que recordar las innumerables ocasiones en que otros colectivos como los sanitarios, han desarrollado protestas similares y de mayor "gravedad", incluso con encierros en las dependencias del Cabildo durante varios días sin que ello fuese motivo de represalias por parte de los Sres. Galván Bello, Segura Clavel, Martín Ménis o Merchior, como la materializada ahora por ese grupo de Gobierno en unión de los demás miembros del Consorcio.
4.- Aunque carecemos de representatividad alguno en el colectivo laboral afectado, nuestra sensibilidad democrática como asociación sindical, sumado ello a nuestros sentimientos individuales, nos obliga, sin que nadie nos lo hayan pedido, a plantear a esa Presidencia una reflexión sobre la delicada situación actualmente creada como consecuencia de la decisión coercitiva tomada en su momento por la Corporación y las derivaciones que a cortísimo plazo puedan tener, no solo en el ámbito social, político e institucional, sino el más doloroso del futuro profesional y personal de 42 trabajadores (dos de ellos grancanarios) que han demostrado sobradamente su altruismo y su lealtad a lo público.
Por lo anterior, reclamamos una urgentísima acción institucional y proponemos para su consideración las siguientes medidas.
a) Solicitud al Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife de paralice cautelar y momentáneamente la instrucción del caso y con ello paralizar el riesgo de una posible sentencia condenatoria ante la posibilidad de que las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo o acercamiento en sus posiciones.
b) Convocatoria de un pleno urgente y extraordinario en el que, una vez se exprese la posición de los diferentes grupos con representación democrática institucional, se valore la posibilidad de proceder la retirada de la demanda contra los 42 trabajadores formulada por el Cabildo. Traslado urgente de la posible resolución desactivadora del conflicto al Gobierno canario y a los ayuntamientos de la isla con representación en el consorcio para su definitiva aprobación.
Le aseguro que la sociedad canaria y el conjunto de trabajadores de las Islas saludarán una acción benemérita de esa Institución para resolver una situación laboral que, hoy, a muchos continúa inquietándonos.