En su auto, Ruz pide asimismo a Hacienda que determine, como le reclamó una acusación, si el PP pudo haber incurrido en un delito fiscal por no pagar el IVA de la reforma de la sede de la calle Génova por parte de la empresa Unifica, concretamente entre los años 2005 y 2010.
En esta ocasión, el juez, siguiendo el criterio del fiscal del caso Bárcenas, requiere el informe directamente a la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, que fue la que contestó a su primera petición asegurando que le estaba forzando a "emitir una opinión en la que aplique criterios técnico jurídicos contrarios a los ya expresados en informes anteriores".
Ruz, al igual que el fiscal Antonio Romeral, destaca en cambio que la Agencia Tributaria está obligada a atender los requerimientos de los jueces y por ello rechaza la negativa que le dio Valdecasas, reiterándole su requerimiento "en sus estrictos términos".
Ruz califica de "contradictoria" la respuesta de Hacienda
El juez considera "infundada" la respuesta de Hacienda, que alegó que ya había dado su opinión sobre este asunto, y además le acusa de haber interpretado erróneamente su función como auxiliadora de los tribunales.
Advierte que si admitiera la negativa de Hacienda a elaborar el informe se estaría privando al juez de la dirección de la investigación en un procedimiento judicial, tal y como marca la ley.
Ruz reitera que lo que pidió el 25 de febrero respecto a calcular un posible delito fiscal en las donaciones en B es una diligencia "útil, necesaria, idónea y posible" para esclarecer los hechos investigados, teniendo en cuenta que el PP no ha presentado su declaración por el impuesto de sociedades de 2008.
Añade que esta diligencia no se había pedido antes, por lo que no supone, como sostiene la Agencia Tributaria, "una contradicción o conflicto con criterios mantenidos en informes anteriores".
Ruz argumenta que ese informe de Hacienda es necesario para evaluar luego si el PP estaba exento o no de tributar por esos donativos de los que habría resultado beneficiario el partido popular en el ejercicio de 2008, una cuestión que el juez califica de controvertida.
El magistrado califica además de "contradictoria" la respuesta de la Agencia Tributaria, ya que con anterioridad emitió informes en donde, o bien dejaban a criterio del juez determinados aspectos tributarios, o bien modificaban su criterio inicial tras requerimiento del propio juez.
