Incrementos en civil y contencioso, disminuciones en social y penal
Se han observado incrementos del 10,5 por ciento en el número de ingresos en la jurisdicción civil y un 8,2 en la contenciosa, mientras que la penal ha presentado una disminución del 2,1 por ciento y la social, del 8,8 por ciento.
La jurisdicción Civil ha presentado el mayor incremento en el número de asuntos ingresados respecto a 2013. Los 1.845.173 asuntos ingresados representan un 10,5% de incremento interanual. Se han resuelto 1.858.581, quedando en trámite 1.009.392.
En la jurisdicción Penal han entrado 6.173.019 asuntos, con una disminución del 2,1 por ciento, habiéndose resuelto 6.281.891 asuntos y quedando en trámite 974.878 asuntos.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 206.700
nuevos asuntos, con un incremento del 8,2 por ciento. Se resolvieron 234.218 asuntos y están en trámite 231.672 asuntos.
La jurisdicción Social ha tenido una disminución del 8,8% por ciento en los asuntos ingresados con 427.966 nuevos asuntos. Se han resuelto 411.818 asuntos y han quedado tramitándose 346.105 asuntos.
Andalucía, Madrid, y Baleares a la cabeza en litigiosidad
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 185 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Andalucía (218,2), Madrid (203,8), Illes Balears (198,5), Canarias (195,9,), Cantabria (193,3), Murcia (192,1) y C. Valenciana (190,2). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (117,4), País Vasco (127,0) y Extremadura (143,2).
Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, a 1 de enero de 2014.
Mejora en el tiempo de respuesta judicial
El Consejo General del Poder Judicial también ha hecho público su Informe sobre los indicadores clave de la Justicia en 2014, en los que destaca la reducción en el tiempo de respuesta judicial, ya que la duración media estimada de un proceso en primera instancia ha descendido de 3,9 a 3,7 meses, mientras que en la segunda instancia el descenso ha sido más acusado, pasando de los 5,2 meses de media estimada en 2013 a los 4,6 del pasado año.
En el Tribunal Supremo, la duración media estimada de un proceso judicial es de 11,1 meses, reduciéndose en 0,2 puntos respecto al año 2013.
