El Estado subvenciona desde 2006 el 50 por ciento del coste de los billetes aéreos para viajes interinsulares o nacionales que compran los ciudadanos residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en un programa de ayudas sin límite de cantidad, por lo que cuanto más caro el billete, mayor es el importe de la bonificación.
La sentencia del TSJM considera probado que, entre 2007 y 2011, "sobrefacturó" las liquidaciones que presentaba al Ministerio de Fomento para acreditar su derecho al cobro de las bonificaciones.
Ello le permitió aplicar el porcentaje de la subvención "a un precio superior al que el pasajero realmente pagó, destinándose la diferencia (...) a otras finalidades distintas que no eran meramente hacer llegar al pasajero la subvención presupuestada", concluye la magistrada ponente, María del Pilar García Ruiz.
El Ministerio de Fomento, que comunicó a la Fiscalía estas irregularidades en el cobro de ayudas por si constituían delito, tuvo que calcular por su cuenta la facturación de billetes realizada por Islas Airways en ese período, porque esta no le facilitó datos.
La sentencia del TSJC subraya esta circunstancia y da por válido el procedimiento seguido por la Administración para estimar cuánto ingresó Islas Aiways en ese período a través de billetes bonificados, para lo que tuvo que comprar a Airline Tariff Publishing Company (ATPCO, la compañía que publica las tarifas de la mayoría de aerolíneas) su base de datos sobre la empresa canaria.
Islas Airways entró en concurso de acreedores el 14 de diciembre de 2012. Dos meses antes, en octubre, suspendió sus vuelos tras reconocer que padecía una situación de "asfixia económica" que sus directivos achacaban, en buena medida, a la decisión de Fomento de retenerle los pagos de los billetes bonificados para residentes
