Esta colaboración se materializó en un convenio suscrito entre la presidenta de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi), Cristina Valido, y Georgette Bugnion, en representación de la Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano, entidad no lucrativa cuyo fin social es la protección y asistencia integral de personas con discapacidad psíquica por retraso mental, así como el ejercicio de la tutela, curatela y pretutela. El importe de la ayuda económica del Cabildo, vigente en 2015, se destinará a gastos de personal y de funcionamiento para la ejecución del citado proyecto como alquiler, teléfono, suministros, asesoría, material de oficina, correos y telégrafos.
La también consejera insular de Acción Social en funciones, Cristina Valido, subraya la importancia de proteger a estas personas adultas con discapacidad intelectual que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de desamparo. "Este acuerdo colaboración -subraya la consejera- supone un paso más para favorecer su integración social y calidad vida, evitando así desembocar en situaciones de exclusión".
Sinpromi persigue la integración social y laboral en la sociedad de las personas con discapacidad de Tenerife, así como la mejora de su calidad de vida. Con este fin desarrolla distintas líneas de cooperación o intervención mutua con entidades de iniciativa social no lucrativas, así como el seguimiento y evaluación de las actuaciones convenidas y la gestión de ayudas de cooperación social.
La Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano ha sido creada para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de las personas con discapacidad intelectual en Canarias, en ausencia de sus padres o estén en desamparo. Entre sus fines figura ejercer la tutela, cuando así se acuerde por decisión judicial; aportar asesoramiento, información y consejo a familiares, tutores, curadores y profesionales de personas con discapacidad intelectual por retraso mental y proporcionar la protección jurídica, económica y social frente cualquier persona o entidad que pueda vulnerar los derechos e intereses de las personas tuteladas. También persigue mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y familias.