La Fiscalía sostiene que, aprovechando su ascendencia sobre destacados concejales y funcionarios del consistorio de la capital de Lanzarote, el expresidente del Cabildo consiguió montar una red que cobraba a los empresarios comisiones del 3 al 10 por ciento de las obras o servicios que se les contrataban, unos fondos que servían para financiar de forma encubierta la actividad del PIL.
La acusación pública defiende además que el propio Dimas Martín se beneficiaba de esa red de mordidas, mediante la entrega mensual de cantidades en metálico que le hacían llegar sus colaboradores.
Por esos hechos, el fiscal imputa a Dimas Martín delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude, malversación en concurso con prevaricación y falsedad, información privilegiada y falsedad.
La Fiscalía sostiene que, "siguiendo instrucciones precisas" de Martín, la operativa de las comisiones ilegales la llevaban a cabo tres personas: el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la ciudad, Ubaldo Becerra; el edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez; y el administrador de la campaña electoral del PIL, Matías Curbelo.
Según su relato de hechos, los concejales de Urbanismo y Hacienda se prevalían de sus cargos públicos para "exigir un peaje a modo de norma o gravamen" a los empresarios que conseguían obras del Ayuntamiento de Arrecife, lo que les llevó a "adjudicar en cascada multitud de contratos" al margen completamente de la ley, "a dedo".
Con ello, relata el fiscal Javier Ródenas, "se instauró una simbiosis delictiva que, a modo de parásito corrupto, quedó incrustado en las Concejalías de Hacienda, Urbanismo, Sanidad, Parques y Jardines, departamentos que estaban todos controlados por los acusados pertenecientes al grupo PIL del Ayuntamiento".
Y todo ello, añade, con el propósito de "sacar rendimiento económico para un lucho personal y un objetivo político corrupto de engordar las cuentas del partido con dinero en metálico circulante a espaldas del Tribunal de Cuentas".
La trama, subraya la Fiscalía Anticorrupción, logró implantar en el Ayuntamiento "un tejido clientelar cuya seña de identidad era la cadena de favores corruptos" y funcionaba con tal eficacia, que "los empresarios que no pagaban comisiones no volvían a obtener contrato alguno con la Administración local".
Los procesados no solo conseguían sobornos amañando contratos, sino también por la vía de la extorsión: llegaron a exigir mordidas del 8 al 10 % a los empresarios que estaban pendientes de cobrar alguna cantidad del Ayuntamiento si querían recibir su deuda.
Dimas Martín y sus cómplices, relata la acusación pública, manejaban todo tipo de información privilegiada en favor de sus intereses, "desde datos fiscales y tributarios de las empresas que habían desempeñado operaciones a terceros con el ayuntamiento, situaciones concretas de solares y planes parciales urbanísticos, pliegos de cláusulas administrativas para licitación de grandes proyectos de obra pública o promesas de contratar a personas en situación de desempleo al negociar con las empresas adjudicatarias".
El Ministerio Público denuncia que los principales procesados se valieron de la colaboración de destacados empleados del Ayuntamiento: la jefa de Contratación, María Elena Martín, hija de Dimas Martín; el interventor municipal en aquellos años, Carlos Francisco Saenz Medero; y el ingeniero jefe de la oficina técnica del Consistorio, Juan Rafael Arrocha, así como de otro concejal, Antonio Jerónimo Machín, de Parques y Jardines.
El fiscal pide penas que oscilan entre los dos años de cárcel -la más benévola- y los 17 años de prisión -la más grave- para los concejales y funcionarios municipales acusados en esta causa, a algunos de los cuales les reconoce como atenuante su colaboración con las investigaciones.
También pide penas de prisión (desde uno hasta cinco años) por delitos de cohecho, uso de información privilegiada o falsedad para seis empresarios: Antonio Gómez Ruiz, Manuel Gregorio Reina Fabre, Jesús Manuel Martín Brito, Samuel Lemes, Antonio Cárdenas y Juan Francisco Rosa.