Para ello, la consejera de Arquitectura y Vivienda, Ylenia Pulido, ha mantenido una primera reunión con los técnicos de todos los municipios para optimizar los recursos disponibles en cada corporación para evitar los lanzamientos, es decir, los desahucios.
Los técnicos municipales expusieron la situación y los recursos que destinan en cada caso a solucionar los problemas de sus vecinos. "Desde el inicio de este mandato -explica Pulido-, el objetivo del gobierno es no perder el contacto con los ciudadanos y la forma es saber cómo afrontan los ayuntamientos situaciones como esta, porque es a ellos, como administración más cercana, a donde primero acude la persona afectada por un procedimiento de lanzamiento".
"Tenemos claro el principal propósito: evitar al ciudadano el mal trago de llegar al momento en el que se hace efectivo el lanzamiento de la vivienda y se procede al cambio de cerradura", exclamó.
A esta primera reunión seguirán por tanto nuevos encuentros las próximas semanas que incluirán representantes del Gobierno canario dadas sus competencias en la materia.
Recordó que los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde son los que más procedimientos de lanzamientos tienen en previsión, por ser también los de mayor población de Gran Canaria, por lo que necesitarán un mayor uso de los recursos puestos en común.
Se duplica el uso del convenio con el Colegio de Abogados
La consejera celebró por otra parte que el uso que los ciudadanos han hecho del convenio del Cabildo con el Colegio de Abogados de Las Palmas para asistencia jurídica gratuita se haya duplicado en lo que va de mandato al pasar de 12 a 24 usuarios, lo que considera que demuestra que la información y formularios puestos a disposición ciudadana en los ayuntamientos surte efecto, si bien serán muchos más los que deban utilizar este servicio dado el volumen de familias en riesgo de lanzamiento.
Asimismo, Ylenia Pulido hizo hincapié en que los técnicos municipales, tanto de vivienda como trabajadores sociales, "ponen todo de su parte para buscar soluciones".
La consejera insular confió en que las medidas técnicas y jurídicas puestas en marcha tengan como resultado el freno de la inmensa mayoría de los procedimientos.