Santos habló en el centro de convenciones de la capital cubana, ante su delegación de negociadores, los representantes de los países garantes y los miembros del secretariado de las Farc, incluido su jefe máximo, 'Timochenko', con quien se reunió horas antes de dar la declaración sobre el acuerdo en el punto de justicia y víctimas del proceso de paz.
Y en ese punto, el cuarto acordado en tres años de diálogos, Santos reveló que se creará una jurisdicción especial para la Paz, que va a garantizar "que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad".
La jurisdicción constará de un tribunal y unas salas de justicia que investigarán, juzgarán e impondrán sanciones por estos delitos. Dichas penas, tal vez el punto neurálgico de la justicia transicional, serán de entre 5 y 8 años para los actores del conflicto que reconozcan delitos. Para quienes los oculten, la pena ascendería a 20 años.
En el acuerdo anunciado este miércoles se establece que las Farc comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final. Es decir, hacia mayo del próximo año.
Santos destacó especialmente el paso que dieron las Farc al acordar bases de justicia transicional. "Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección que es la de la paz", aseguró.
"He venido a La Habana también para hablar con Timoleón Jiménez, jefe del secretariado de las Farc. Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas: que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia", dijo al panel de funcionarios, legisladores, representantes y medios de comunicación presentes.
En su intervención, el Jefe de Estado colombiano también agradeció a los países garantes, entre ellos Venezuela, y a su equipo de negociadores comandado por Humberto de la Calle.
El garante de Cuba, Rodolfo Benítez, en la lectura del documento del acuerdo, relató que se acordó la creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición.
En este se contempla la amnistía por delitos conexos a la política. Sin embargo, no serán objeto de amnistía las conductas que correspondan con delitos de lesa humanidad, genocidios, y graves crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y violencia. Estos serán investigados y juzgados por la jurisdicción especial.
El acuerdo, además, contempla penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel, por lo que víctima y victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia. El desarrollo de obras es una de las alternativas. Sin embargo, la premisa es la reparación a las víctimas, pues de lo contrario habrá pena efectiva de cárcel.
La mencionada restricción de la libertad tendrá que ser verificada y controlada, asunto que Uruguay, como país 'pro tempore' de la Unasur, y un delegado de la Secretaría General de Naciones Unidas, ayudan a acordar.
Otro punto importante dentro de este acuerdo son las garantías de no extradición bajo la premisa de que se debe garantizar la verdad para las víctimas de más de 50 años de confrontación armada.
Además, cabe la posibilidad de que se tramite una ley de indulto, amnistía y de delitos conexos para casos específicos, punto que aún está por acordarse.
Finalmente, el acuerdo tendrá que tener una instrumentalización que pasaría por el Congreso bajo los modelos expeditos que se crearían con la reforma constitucional que el Gobierno impulsa esta semana.