Dicho derecho social y económico lo venían disfrutando desde el año 1974, por Orden de la Presidencia del Gobierno del Generalísimo Franco, y fue nuevamente reconocido por el Secretario de Estado, Director de la Seguridad del Estado en 1987 por el Gobierno socialista de Felipe González.
En el año 2005 con la llegada del ex presidente Rodríguez Zapatero, se planteó la necesidad de acomodar dicha retribución en especie a los presupuestos generales del Estado pero como partida retributiva de los guardias civiles y no con cargo al presupuesto de indemnización de viajes por comisión de servicio.
Desde esa fecha a la actual se ha ido prolongando el derecho con cargo al presupuesto de indemnizaciones por ocasión del servicio y no como un complemento retributivo en especie, siendo que aprovechando la coyuntura de crisis y de agotamiento del presupuesto, la Intervención General de la Administración del Estado, ha instado al Ministerio de Interior para que deje de gastar con cargo al presupuesto de viajes con motivo de servicio de los guardias civiles, por lo que la Dirección General de la Guardia Civil deberá tácitamente negar este derecho a los guardias civiles desde el 1 de agosto pasado, lo que ha motivado que en este año unos guardias civiles hayan disfrutado del derecho y otros no lo puedan hacer en lo que queda de año, lo que se ha venido a denunciar por la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) como un "agravio comparativo".
No obstante la asociación IGC a través de sus socios guardias civiles ha pedido al Director General de la Guardia Civil que anule la resolución del Subdirector General de Apoyo, por no ajustarse a derecho ni a procedimiento, por falta de competencia y porque normas de rango superior no pueden anularse por Autoridades de inferior rango, y además sin seguir un procedimiento.
Además Independientes de la Guardia Civil (IGC) resalta la frase "quedan tácitamente derogadas" las ordenes de la presidencia del gobierno y de la Secretaría de Estado de seguridad, lo que no se sostiene jurídicamente según la asociación.
Es por eso que IGC pide al Gobierno que se someta al imperio de la ley en su toma de decisiones, y anule la forma de proceder de sus Autoridades administrativas.
