El pleno contó con la asistencia de varias decenas de afectados de diversas islas, entre ellos la responsable de la asociación de personas desaparecidas de Gran Canaria, Begoña Ramos, y de Tenerife, Jorge Carrillo, que al término valoró la aprobación del texto como un acto de "valentía de admirar", ya que desconoce por qué otras instituciones españolas, como el Cabildo de Tenerife, se han negado.
"Otros organismos del extranjero lo han hecho pero no sabemos por qué en España nadie se ha atrevido a pedir perdón públicamente".
Y es que esta declaración sin precedentes, prosiguió, supone reconocer al fin "que estos hechos sucedieron", tanto a madres solteras como casadas, apostilló Ramos, ya que bastaba que cayeran en manos de la trama y detectaran debilidad social o de cualquier índole para robarles sus hijos.
Tanto es así, detalló Carrillo, que desde 1945 hasta 1980 la asociación calcula que hay más de 4.000 niños perdidos en Canarias, solo los orfanatos de Tenerife tenían capacidad para 600 niños y cada año salían y entraban unos 200. Los centros "para agilizar esta labor entendida como humana pero con finalidad carroñera, se entendían con una mancomunidad que gestionaba los aspectos sociales, y en ese sistema se producían los traspasos de los niños".
El Cabildo de Gran Canaria asume ahora su responsabilidad en este sistema que usaba diversidad de métodos, como inscribir a un gemelo y al otro no, o bautizos e inscripciones ficticias, toda una red que el acceso a sus archivos ayudará ahora a desenmarañar, ya que muchos niños fueron llevados a distintos puntos de España, ya fuera País Vasco, Galicia o cualquier otro, e incluso América. De ahí la importancia también, apuntó Begoña Ramos, de contar con una base de datos nacional.
Que aparezca en los libros educativos para que no vuelva a suceder
Decididos "a asumir de frente esa página negra de la historia de esta Institución", Antonio Morales detalló que la declaración aprobada establece, además del perdón formal y público, respaldar la Proposición no de Ley del Parlamento de Canarias que insta al Gobierno regional a elevar al estatal medidas para hacer justicia y reparar el daño causado e instar a la puesta en marcha de una ley canaria de segunda oportunidad para las víctimas con el compromiso insular de respaldarla con todos sus medios.
Que los libros de texto educativos recojan el relato de estas graves violaciones de los derechos humanos para que no se vuelvan a repetir, tal como recoge la ONU, también queda establecido en la declaración junto a una campaña informativa para que los afectados sepan cómo proceder.
El acceso a los archivos insulares quedará formalizado a través de un convenio de colaboración al que se sumará otro para la puesta en marcha de una oficina de información en un local en el que efectuar todas sus actividades y, también, apoyará el convenio que el colectivo ya tiene con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para profundizar la investigación iniciada para desentrañar la trama.
Es una cuestión de dignidad, derechos humanos y derecho a la identidad, por ello el Cabildo, aseveró su presidente, sienta así "la base para una auténtica reparación del dolor que han padecido en silencio durante décadas, no hay desgarro mayor que desconocer la situación de los seres querido, el Cabildo los acompañará en el camino de la verdad y la justicia".
