"Aplaudimos y nos felicitamos por la iniciativa surgida en la reunión de presidentes de Comunidades Autónomas de aprobar una Plan de emergencia ente
el Gobierno de España y las CCAA para enviar recursos y material de Ayuda Humanitaria a la población refugiada en los campos de la frontera europea, así como el acuerdo para agilizar la llegada del cupo de personas refugiadas que España se comprometió a acoger. Celebramos que finalmente nuestros gobernantes muestren la mínima sensibilidad ante la tragedia humana, consecuencia de unas políticas migratorias que no atienden los compromisos fundacionales de la UE de defensa de los derechos humanos, sino que está centrada en mantener la seguridad y el blindaje de sus fronteras. La asistencia y asilo a la población refugiada ha sido una reivindicación constante de las ONGD desde que empezó una crisis que ha costado la vida a miles de personas y que está haciendo tambalear la base de nuestra democracia".
"No obstante, denunciamos que este Plan de Emergencia se haga a través de las partidas destinadas a la política de Cooperación al Desarrollo de las diferentes
administraciones públicas, tal y como se manifestó en la reunión de ayer por parte del Secretario de Estado. La asistencia a las personas refugiadas dentro de
las fronteras europeas debe hacerse con cargo a los fondos de protección civil".
Los Gobiernos europeos tienen la obligación de respetar la legalidad internacional y el derecho comunitario protegiendo el derecho de asilo y refugio y, garantizando las condiciones de vida digna a toda a la población refugiada a través de fondos de política interior.
Los fondos destinados para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) mediante la política de cooperación internacional responden al compromiso de contribuir al
desarrollo equitativo de todos los países. Es por ello por lo que se debe velar por el compromiso como la resolución 61 de la ONU por la que se los países más
industrializados, entre ellos España, se obligaban a destinar el 0,7% de su PNB a los países empobrecidos de sur, y tantos otros acuerdos internacionales ratificados posteriormente.
La AOD, que en España alcanzó tan solo el 0,49% de su PNB en su máximo histórico, está ahora completamente desmantelada en todas las administraciones,
estatal y descentralizada, incumpliéndose con ello los compromisos suscritos y haciendo dejadez de un deber al que tendrían que hacer frente todas las
administraciones.
"Solicitamos por tanto":
1. Un cambio profundo de las políticas de asistencia a la población refugiada, que vele por sus derechos como personas y por su seguridad en su tránsito a otros
países.
2. Una decidida apuesta por la Cooperación Internacional para un desarrollo sostenible y equitativo que revierta los recortes de estos últimos años y que tenga como objetivo cumplir con la solicitud de la ONU de reservar el 0,7% de su PNB.
