Igualmente, se introduce la nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia. De esta forma, se modifica del concepto de unidad familiar al concepto de unidad de convivencia, entendida no solo como la vivienda familiar sino como cualquier tipo de espacio habitacional y no el familiar. De esta forma, la ayuda ofrece una mayor cobertura a los grupos de convivencias.
Además, la nueva reglamentación agilizará el proceso de tramitación de la solicitud de la ayuda ya establece la gestión coordinada de los expedientes al crear un aplicativo informático común administrativo, que mejorará la operatividad del sistema. Este sistema que las Administraciones Públicas recabarán los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, lo que facilitará con carácter general la tramitación de las solicitudes al no tener que aportar documentos o datos que pueden ser recabados de oficio.
Asimismo, se incorpora el renovado carácter de subsidiaridad de la prestación; la necesaria agilización y reducción de cargas del procedimiento y se potencia la figura de suspensión del plazo para dictar y notificar la resolución.
Itinerarios de inserción laboral
Hay que recordar que la percepción de la ayuda económica básica de la Prestación Canaria de Inserción estará condicionada a la realización de las actividades de inserción necesarias y adecuadas para posibilitar la inserción social, laboral, educativa, o mejorar aquellas existentes relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias. Estas actividades estarán orientadas a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales de la persona que solicite la ayuda y de los miembros que componen su unidad de convivencia.
En este sentido, el nuevo Decreto establece un protocolo unificado de actuación de ámbito municipal en el desarrollo de los itinerarios de inserción laboral así como el establecimiento del seguimiento continuado desde los servicios sociales municipales de los perceptores de la ayuda. De esta forma, se contempla, una nueva regulación de la Comisión técnica de coordinación y de la Comisión sectorial de seguimiento y comunicación interadministrativa y la fijación de los parámetros de la financiación para el ejercicio de las competencias municipales.
