A iniciativa de CSI.F, los representantes de empleados públicos de Ayuntamientos y comunidades autónomas, trasladarán a sus compañeros catalanes que no están solos, que nos tienen a su lado y cuentan con todo el apoyo, colaboración y respeto del conjunto de los empleados públicos de todos los ámbitos de nuestras administraciones.
CSI.F aplaude la posición de los funcionarios y letrados de la cámara catalana que se negaron a publicar la Ley del Referéndum y advirtieron de su ilegalidad. Para nuestro sindicato este es el mejor ejemplo de la independencia, la profesionalidad y el sentido de Estado de nuestros empleados públicos.
Cuando están en pleno debate político cuestiones fundamentales, debemos recordar que somos un elemento cohesionador del Estado. Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia.
Además, a lo largo de los últimos años, como el conjunto de los empleados públicos, ha sido uno de los colectivos que más recortes ha sufrido en sus condiciones laborales. Ahora se enfrentan para mayor gravedad a una situación que les genera inseguridad jurídica, como consecuencia del denominado proceso soberanista.
La primera obligación del empleado público, en cualquiera de las Administraciones en las que ejerza su función –estatal, autonómica o local— es la lealtad constitucional y el debido acatamiento al ordenamiento jurídico vigente: la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Los empleados públicos, como consecuencia de este proceso pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales y CSI.F, en defensa de los intereses de los trabajadores, no va a consentir que se vea afectada la seguridad jurídica, ni las condiciones laborales, en definitiva que se ponga en peligro la carrera y el puesto de trabajo de un empleado público como consecuencia de una decisión política.
Y desde luego, no vamos a permitir que se ejerza ningún tipo de presión o coacción contra un empleado público por el hecho de situarse en el orden constitucional.