La sentencia hecha pública ayer admite que resulta acreditado "que las instalaciones de las orcas en Loro Parque cumplen la normativa vigente en la materia y el estado general de las orcas es el correcto". Así como que "resulta indiscutible que la actividad desarrollada por Loro Parque se ajusta de forma estricta a la legalidad aplicable y cuenta con las autorizaciones y licencias preceptivas.", y admite que ha resultado constatado que "el parque zoológico dispone de personal cualificado para el cuidado y tratamiento médico de las orcas que viven en sus instalaciones".
Es decir, en ningún momento la sentencia cuestiona el bienestar de las orcas de Loro Parque, más bien al contrario, deja claro que las orcas están en buen estado, atendidas por profesionales cualificados y expertos. Esto claramente implica que las acusaciones de maltrato o incluso tortura no son ciertas.
Sin embargo, el fallo concluye que realizar esas afirmaciones, aun cuando queda demostrado que son falsas, está protegido por el derecho de expresión. Es indudable que en una sociedad democrática hay que proteger el derecho de expresión, pero también es necesario proteger las actividades económicas legales y legítimas que son el motor de nuestra sociedad. Por tanto, Loro Parque recurrirá esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Tenerife, para tratar que el legítimo uso de la libertad de expresión no pueda ser la excusa para organizar campañas de difamación que atenten contra organizaciones que como Loro Parque llevan 45 años luchando por la conservación de la naturaleza y el bienestar de los animales.
