Para ello, "los 200 millones de euros previstos para el Pacto de Estado deben recogerse en la prórroga del presupuesto de 2017, porque sin financiación no vamos a ninguna parte". También hizo hincapié en la necesidad de modificar varios artículos del Código Penal y recoger cuestiones diversas cuestiones relacionadas con la identidad sexual como motivo de discriminación. En este sentido, señaló que "no podemos pretender introducir en una sola ley todas las respuestas (en referencia a la Ley orgánica de medidas de protección oficial contra la Violencia de Género). No es lo mismo la violencia en el ámbito de la pareja que en el ámbito de la prostitución, por ejemplo. El pacto que hemos aprobado pide una ley integral para cada situación".
Durante las jornadas, organizadas por la concejalía de Igualdad de Guía de Isora, el alcalde Pedro Martín, manifestó la necesidad de un compromiso permanente "en el que tenemos que estar todas las administraciones. La violencia de género no es algo que escuchemos de vez en cuando, convive con nosotros y nos aleja de ser una sociedad democrática y sana. Son muchos los casos que se manifiestan en órdenes de alejamiento, detenciones, agresiones y este encuentro es un intento de poder comprometernos socialmente para erradicar el problema definitivamente".
El análisis de la situación previa al pacto y la situación actual, puso de relieve algunos aspectos positivos que contempla la actual ley y que eran radicalmente necesarios, como la asistencia jurídica gratuita para las mujeres, o la consideración de los menores como víctimas directas de la violencia de género ejercida sobre sus progenitoras. No obstante, los profesionales apuntan a la necesidad de una mayor asistencia jurídica a las mujeres "antes, durante y después de presentar la denuncia", así como una mayor protección de los menores.
Carmen Yanes Sansón, abogada de los servicios de atención especializada a víctimas de violencia de género del Cabildo de Tenerife, señaló que "se debe dar un paso más allá de visibilizar la vulnerabilidad de los menores, hay que suspender la posibilidad de visitas a los padres que han agredido a sus parejas".
Para la concejala isorana de Igualdad, Ángeles González, "nos corresponde a los responsables políticos ponernos de acuerdo en un tema tan grave como la violencia de género. Debemos definir qué medidas hay que tomar en el ámbito normativo, así como en el ámbito de recursos y de asistencia.
En esta misma línea se manifestaron Estefanía Castro, consejera de Igualdad en el Cabildo de Tenerife y Julieta Martín, directora de la Unidad de Violencia de Género del IAAS, participantes en la mesa redonda. También Nieves Rosa Hernández, presidenta de la Asociación de mujeres Mararía, que destacó el trabajo que realizan las asociaciones en contacto directo con las víctimas "llegando más allá de donde no alcanzan a llegar las administraciones". Hernández puso de relieve el doble drama de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, que carecen del conocimiento de sus derechos o de los recursos que tienen a su disposición.
La necesidad de formación especializada por parte del personal técnico de las administraciones públicas y del ámbito de la justicia, así como la falta de recursos, también fueron algunas de las cuestiones señaladas en estas jornadas que sirvieron para desgranar las medidas del Pacto de Violencia de Género y trazar las líneas de un primer acuerdo sobre las medidas más urgentes a poner en marcha.
