El consejero afirmó que ese error debe servir a la Dirección General de Función Pública para mejorar los protocolos de actuación a fin de impedir que estos u otros hechos de naturaleza similar puedan producirse de nuevo.
En concreto, añadió, es necesario destinar un mayor número de recursos humanos al proceso de llamamiento de las personas aspirantes cuando éstas sean un número elevado; dedicar un mayor tiempo a esa labor convocando a las personas aspirantes con mayor antelación; que la verificación, en todo caso, alcance no solo al nombre y apellidos y número de DNI, sino también que haya un mayor celo en la comprobación de la fecha de vigencia, la fecha de nacimiento y la fotografía, así como que el personal actúe en pareja en todo momento portando ambas personas el listado y confrontando los datos.
En todo caso, advirtió de que ningún método es infalible y que existen límites legales respecto hasta dónde se puede llegar en la comprobación, por lo que dentro de esos límites el Gobierno de Canarias reforzará las medidas de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder.
Por su parte, el director general de la Función Pública, Francisco Rodríguez, recuerda que tras conocerse en los medios la noticia, solicitó al tribunal calificador que se reuniese con carácter de urgencia a fin de realizar las actuaciones que como tribunal del proceso le corresponde, así como trasladar a su centro directivo las propuestas de actuación que considerase procedentes.
Rodríguez explica que el tribunal calificador acordó presentar, a través de su presidente y secretario la correspondiente denuncia ante el Ministerio Fiscal al entender que concurrían los indicios suficientes de veracidad sobre los hechos acaecidos, máxime cuando Función Pública le había trasladado un escrito presentado por el presunto autor de los hechos en el que manifestaba su autoría y su arrepentimiento, por lo que la cuestión se encuentra ya en fase de diligencias de investigación, y será en su caso en sede judicial donde se delimiten las responsabilidades jurídicas derivadas de los hechos denunciados.
No obstante, detalla Rodríguez, la Dirección General de la Función Pública, en coordinación con el tribunal calificador, solicitó a este un informe de las circunstancias en las que se desarrolló la primera prueba, a fin de poder revisar y mejorar el protocolo de actuación establecido en el control y verificación de la identidad de las personas aspirantes.
"Hubiera sido irresponsable tomar decisiones sin tener antes un conocimiento cierto de lo sucedido y sin contar con informes que explicaran lo que pasó", aclara Rodríguez al respecto. El tribunal calificador entregó a esta Consejería un primer informe el lunes 5 de febrero y hoy mismo lo amplió.
En los mismos, el secretario asume su responsabilidad administrativa como miembro del tribunal calificador en el error involuntario que concluyó en la identificación errónea de una persona aspirante en las pruebas selectivas, al tiempo que presenta su dimisión a dicho cargo en las oposiciones de turno libre.
Rodríguez explica que la Dirección General de Función Pública trasladará dichos informes a la Fiscalía junto con el resto de actuaciones administrativas que viene desarrollando para que el Ministerio Fiscal disponga de toda la información pertinente a efectos de desarrollar su labor.
Por lo tanto, reitera Rodríguez, la Dirección General de la Función Pública no ha perdido ni un solo minuto en actuar y poner en marcha todos los mecanismos disponibles para conocer lo que pasó y poner al tanto de la situación al responsable del proceso, el tribunal calificador, y a la justicia, para que investigue las responsabilidades a que haya lugar, al tiempo que trabajamos en la mejora de los protocolos existentes para evitar que se produzcan de nuevo errores de este tipo o de otras clases.