El objetivo será que aquellos jóvenes que han pasado por lo centros de acogida del Gobierno y que no cuenten con una red de apoyo propia puedan afrontar con mejores garantías la vida independiente. En la actualidad se estima que 110 jóvenes extutelados podrán acogerse a este programa.
Acompañada por la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, el director de SUMA+S, Francisco Figueroa y el presidente de Mensajeros de La Paz, José Manuel Alfonso, Valido expuso las líneas a seguir y anunció que el programa tendrá cobertura en todo el Archipiélago.
La nueva Ley de de Protección a la Infancia y la Adolescencia permite que los jóvenes que han sido tutelados por el Gobierno sigan contando con recursos de las administraciones públicas hasta los 21 años y la Ley de Prestación Canaria de Inserción recoge entre las personas que pueden cobrar una PCI a los jóvenes extutelados menores de 25 años, sin embargo, "es cierto que la mayoría de edad es una etapa complicada en la que hay que sumar la necesidad de buscar un piso o compartirlo con otros jóvenes, buscar y mantener un empleo, seguir estudiando ya sin la tutela de nadie, manejar su propia economía, esforzarse por mantener un grupo de amigos y en en muchos casos comprender su propia historia, conviviendo con su pasado para construir su presente" argumentó la consejera de Políticas Sociales poniendo en valor la necesidad de este tipo de programas.
SUMA+S y Mensajeros de La Paz, serán las entidades del Tercer Sector encargadas de llevar a cabo estos dos programas, el primero destinado a jóvenes extutelados con algún tipo de discapacidad o trastorno de conducta y el segundo para el resto de los jóvenes. Los programas, cuyo presupuesto para los próximos doce meses ascienden a 743,323,93 euros, está financiado en un 85 % por el Fondo Social Europeo y enmarcado en el en el Plan Operativo 2014-2020.
Las entidades pondrán a disposición de los chicos los recursos y servicios de los que disponen como oficinas o centros de día y les ayudarán a emprender su emancipación desde un punto de vista integral, tanto laboral, social como desde un punto de vista educativo. También dispondrán de becas económicas si fuera necesario y siempre que cumplan con los objetivos propuestos como la asistencia a la educación o formación para la inserción laboral.
"Hay que tener en cuenta que son jóvenes que han agotado todas sus posibilidades con sus familias" apuntó Valido por lo que los programas supondrán un acompañamiento desde todos los puntos de vista: laboral, tanto en lo que se refiere a la búsqueda de empleo como a la formación para el empleo o la mejora y adaptabilidad continua de formación para su mantenimiento, social de manera que puedan desenvolverse de forma eficaz en la sociedad desde la independencia; personal, asumiendo la responsabilidad de su propia vida; educativa, favoreciendo el acceso a estudios superiores e incluso familiar mejorando las relaciones con su familia o su familia extensa si eso fuera posible.
La derivación hacia estos programas se realizará desde los propios centros de acogida, cuando el menor esté cercano a cumplir la mayoría de edad y una vez enviado el informa a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Comienza entonces un periodo de estudio que dura alrededor de un mes en el que se emiten dos tipos de diagnóstico uno mediante un Plan individual de preparación para la vida independiente y otro sobre Itinerario de inserción formativo y laboral.
En cuanto a la formación académica uno de los puntos fuertes del programa es la continuidad educativa, siendo prioritario que ninguno de los jóvenes que formen parte de él abandonen sus estudios si tienen la capacidad y la voluntad necesaria acuciados por la necesidad de obtener ingresos para tener una vida independiente.
