Cristina Valido manifestó durante la firma que "los equipos municipales o territoriales de riesgo son un recurso básico tanto para la infancia como para sus familias, es el primer nivel de prevención, en el que los trabajadores sociales detectan si se están cumpliendo los derechos de los niños y niñas en su entorno, sus carencias, o si se cubren o no sus necesidades básicas". "Una vez detectado el riesgo"-continuó Valido- "se trabaja con la familia y se buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías".
La Ley de protección integral del menor considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.
Como recurso preventivo se establece entorno a la familia programas de apoyo, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.
Los ayuntamiento a través de estos equipos multidisciplinares deben velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.
Mediante el protocolo que hoy se firma se distribuyen los fondos mediante cofinanciación según los criterios y ratios impuestos desde la planificación autonómica en desarrollo de sus competencias a nivel de planificación establecidos en el Plan Integral del Menor en Canarias, con una aportación mínima por parte de los Ayuntamientos de un 33% del coste total del proyecto, a la contratación de determinados perfiles profesionales o titulaciones de Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores, por importe máximo. Asimismo, se valoraba que el 5% del presupuesto municipal este destinado a Servicios Sociales y también se puntúa continuidad del programa en años anteriores
La financiación de los centros y servicios de Día está basada en los establecido en la Orden de 5 de junio de 2007 en la que se establece un módulo económico según el número de menores atendidos con un mínimo de 20 plazas y el número y perfil de los profesionales contratados.
