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21 Ago

Comunidad Valenciana e Islas Canarias: los territorios donde reclamar una negligencia médica es más complicado

Madrid/  Sin seguro de responsabilidad civil. Así viven los pacientes de la sanidad pública en la Comunidad Valencia y las Islas Canarias, autonomías que carecen de este tipo de seguros y que agravan, legalmente, las consecuencias derivadas de una posible negligencia médica.

De la misma manera, el personal sanitario de ambas comunidades se ve también afectado debido a la falta de respuesta por parte de la Administración pública en caso de mala praxis.

En este sentido, reclamador.es, compañía online de reclamaciones, explica las principales consecuencias que implica la falta de seguros de responsabilidad sanitaria pública en estas comunidades y qué debe hacerse si se sufre una de ellas.

¿Cómo afecta a los pacientes la falta de un seguro de responsabilidad civil?

Al respecto, la compañía de reclamaciones online recalca la inseguridad legal a la que se enfrentan los pacientes valencianos y canarios debido a la falta de seguro. El proceso de reclamación de una negligencia médica no es sencillo en la gran mayoría de los casos, pero se torna todavía más complicado cuando la mala praxis se lleva a cabo en un centro de salud u hospital de estas dos comunidades.

El hecho de que estas comunidades autónomas hayan decidido no contratar un seguro de responsabilidad civil/patrimonial, conlleva que los pacientes solamente puedan reclamar por la vía administrativa, vía que está completamente saturada desde hace años y donde se tarda un tiempo excesivo en obtener una resolución que, además, no suele ser favorable a los intereses del perjudicado.

Además, en caso de conseguir el reconocimiento del derecho a ser indemnizado tras sufrir este largo proceso administrativo, también se dificulta el pago de la indemnización, ya que ha de ser realizado por la propia comunidad autónoma con cargo a sus presupuestos generales.

Indemnizaciones con y sin seguro: ¿cuál es la diferencia?

Contar con un seguro de responsabilidad civil/patrimonial en el ámbito de la sanidad pública es algo fundamental para garantizar el derecho de los administrados a obtener una indemnización en caso de ser perjudicados por el mal funcionamiento del servicio público de salud.

Todo ello porque la compañía aseguradora es la que se encarga de consignar la indemnización que corresponda según el baremo, en los casos en los que se determina que existe responsabilidad.

Además, explican desde reclamador.es, esta situación deja en grave indefensión a los facultativos que trabajan en estos servicios de salud, dado que las reclamaciones podrían ir dirigidas directamente a ellos, aunque estén trabajando por cuenta de la sanidad pública.

El caso de Andalucía

Además del caso de la Comunidad Valencia, que solamente tiene contratada póliza de seguro para cubrir las reclamaciones que se efectúen a los facultativos por la vía penal, y las Islas Canarias, existe una tercera autonomía con un problema similar: Andalucía.

Y es que, aunque la comunidad andaluza sí contrató un seguro de responsabilidad civil/patrimonial, lo ha hecho en unas condiciones que prácticamente dejan igual de desprotegidos tanto a sus facultativos como a los pacientes. Esto es así porque se establece una franquicia muy elevada y, además, solamente opera la póliza cuando se ha superado un límite global de indemnizaciones, con lo que, en la práctica, la mayoría de los casos no quedarían cubiertos por la mencionada póliza.

A esto se suma que, recalcan desde reclamador.es, el retraso en la resolución de las reclamaciones patrimoniales en Andalucía es especialmente notable, llegando a darse casos en los que la demora en dictar resolución se prolonga hasta los cuatro años.

En definitiva, dependiendo del territorio en el que viva el ciudadano que ha sufrido una negligencia, tendrá mayor o menor dificultad para poder obtener su indemnización por negligencia médica.

En reclamador.es aconsejan al ciudadano que, en el caso de considerar que ha sufrido una negligencia en la sanidad pública, se ponga en manos de abogados especialistas.

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