Estas cifras, que esconden el drama de muchas familias canarias, son tan alarmantes que requieren de una reacción de las Administraciones y de los ciudadanos. Por esta razón, el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife se suma a las exigencias de la Cumbre Social y suscribe sus reivindicaciones.
Estas reivindicaciones son, en esencia, que "de inmediato se emplaza al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas; Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la convocatoria de una consulta popular y con el resultado de la misma actuar en consecuencia. Así no se puede seguir."
Por otra parte, emplazan "igualmente al Gobierno de Canarias a que se defina, que diga a la población canaria qué tipo de políticas son en las que cree; en las continuistas del Estado, o en las de un modelo social y económico que no excluya ni a la población inmigrante, ni a la juventud, ni a las personas dependientes, y que genere oportunidades para todos/as, instando decididamente a los poderes económicos, empresariales y financieros a través de la legislación autonómica, para combatir de forma clara el fraude fiscal y favorecer el afloramiento de la economía sumergida, así como propiciar el estimulo político y económico suficiente para que fluya el crédito a familias y pequeñas empresas".










