Los afectados y las familias reclaman apoyo para ellos y para las personas cuidadoras, que se visibilice la dramática situación derivada de la dolencia, promover su inclusión social y laboral y el fomento de la investigación sanitaria, sociosanitaria y socioeconómica y la importancia de la intervención temprana y continuada, según señaló la presidenta de la Asociación, Susana Gyorko.
El daño cerebral adquirido es una lesión repentina en el cerebro que aparece de forma brusca y deja un conjunto variado de secuelas y que afecta de manera inesperada a la trayectoria vital de las personas afectadas con alteraciones muy diversas y complejas a nivel motórico, sensorial, cognitivo, emocional y funcional que inciden muy seriamente en la autonomía del afectado.
Para facilitar el descanso de las familias con personas dependientes a su cargo el Cabildo cuenta con los programas de respiro familiar, recordó la consejera de Política Social y Accesibilidad, Carmen Luz Vargas. "Para dar mayor alivio a las familias vamos a incrementar las plazas para esos programas con el nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias", agregó.
La principal causa es el ictus, seguida de los traumatismos craneoencefálicos y a gran distancia la encefalopatía hipóxica, las anoxias, los tumores cerebrales o las infecciones. Los ictus, también llamados accidentes cerebro-vasculares, se producen por la interrupción repentina del flujo sanguíneo en una zona del cerebro. El 44 por ciento de las personas que sobreviven a un ictus desarrollan discapacidad grave.
Canarias registra anualmente 3.500 casos de ictus, principal causa del daño cerebral adquirido, entre 2010 y 2012 se han producido 8.088 altas hospitalarias por ictus y 430 por traumatismo cráneo encefálico, y en 2012 2.438 personas con esta dolencia acudieron a los servicios de valoración de discapacidad.
La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Gran Canaria ADACEA-GC reúne a las personas afectadas, sus familiares y los profesionales para ir de la mano en la mejora de su calidad de vida, para fomentar su inclusión social y laboral, defender sus intereses e reclamar investigación y el fomento de la prevención.
Trabaja para fomentar la máxima autonomía posible de las personas afectadas que les permita su participación plena en la sociedad, garantizando su inclusión e integración social, teniendo en cuenta la perspectiva de género y fomentando la intergeneracionalidad.
