El plazo para hacer aportaciones a la nueva hoja de ruta en materia de discapacidad se prolongará hasta el 17 de diciembre. El documento que emerja de este proceso participativo marcará las pautas a seguir hasta el año 2022.

"Este plan será fundamental para poder iniciar, de forma más ágil, distintas actuaciones que las entidades que han participado en su elaboración consideran necesarias y prioritarias, dentro de las líneas estratégicas acordadas para mejorar la accesibilidad y conseguir la plena integración, educativa, laboral y, en definitiva, la igualdad de las personas con discapacidad", explicó Valido ante los diputados.

Un principio que ha caracterizado la elaboración de este plan ha sido el del diálogo civil: además de instituciones, han participado organizaciones representativas de las personas con discapacidad y agentes sociales y económicos.

"Dar respuestas a las necesidades y demandas del ámbito de la discapacidad en Canarias requiere de una acción concertada de distintos agentes sociales: personas con discapacidad, entidades (asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo), responsables políticos, personal técnico de las distintas administraciones", recalcó la consejera.

El objetivo de este plan es aportar elementos útiles para orientar la implementación de políticas públicas que fomenten el acceso equitativo e igualitario de las personas con discapacidad al desarrollo social de Canarias, en las que se enfatice el valor que tiene la dignidad de las personas.

Para su elaboración se realizó, con carácter previo, un diagnóstico para analizar la realidad. En esta primera fase, desarrollada a finales de 2016, se pasaron cuestionarios a entidades del ámbito de la discapacidad y se celebraron una serie de reuniones, de cuyos resultados y conclusiones nació una matriz DAFO.

Fruto de esta primera fase se redactó el documento "Diagnóstico y Diseño para la elaboración del plan de atención a las personas con discapacidad en Canarias", dentro del Plan estratégico de Inclusión social y lucha contra la pobreza, con un sustento técnico bastante sólido, pero que contaba con un importante déficit, y era la escasa participación de las entidades del ámbito de la discapacidad.

Muestra de ello es que tan sólo representantes de 11 asociaciones/fundaciones, asistieron a las reuniones y 19 entidades, e igual número de usuarios, cumplimentaron los cuestionarios.

A partir de finales de 2017, y tomando como punto de partida las conclusiones obtenidas del trabajo anterior, se inicia una siguiente fase de diagnóstico, que se marca como objetivos, entre otros, incrementar la participación y las aportaciones de todas aquellas entidades del ámbito de la discapacidad que no habían participado de la primera fase, llegar a todas las islas, así como una mayor implicación de los ámbitos institucionales, dado el carácter transversal de la materia.

En esta segunda fase se constituyeron grupos de expertos, en cada una de las islas, procedentes de asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo, universidades, sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesionales y personal técnico de la Administración.

Prueba del éxito de esta iniciativa es que la participación en las reuniones y las aportaciones se incrementaron exponencialmente, pasando de un 12% de asistencia a reuniones a un 50% de media, por isla.

Además, se creó una "comunidad colaborativa virtual" con el fin de dinamizar y facilitar la participación, que estuvo operativa los meses de febrero y marzo de 2018, y en la que se dieron de alta y realizaron aportaciones 169 entidades y usuarios. Por último, las universidades públicas también enriquecieron significativamente el texto.

"Ahora se abre a exposición pública para que cualquier ciudadano pueda hacer aportaciones nuevas a un texto eminentemente participativo", concluyó Valido.